La sensación de que estamos viviendo una crisis sistémica y resintiendo los efectos del agotamiento del modelo global de acumulación neoliberal que intentó gestionarla es cada vez mayor. La juventud colombiana es paulatinamente más consciente del desalentador panorama laboral que se avecina, con cada vez menos posibilidades de movilidad social: adiós a los empleos con seguridad social y buenos salarios. Heredó un orden social instituido merced a un conjunto de reformas económicas que comenzaron a darse con fuerza desde la apertura económica de César Gaviria y la constitucionalización del proyecto neoliberal en la carta política de 1991 de la mano de su «kínder tecnocrático», la versión colombiana de los Chicago boys chilenos.
Pese a su apariencia técnica, nada de eso llevó al desarrollo capitalista colombiano, a la modernización y diversificación de su aparato productivo, y acentuó el extractivismo minero-energético, la desindustrialización y las condiciones de dependencia a los mercados externos, con sus consecuencias en términos de bajos salarios, proliferación de la informalidad laboral y escaso avance tecnológico y científico. Uribe y su Estado bélico-asistencialista —en expresión del politólogo Andrés Felipe Mora— siguió con la idea de que el crecimiento económico jalonado por la «confianza inversionista» era igual al desarrollo y, pese a sus escaramuzas de una salida negociada al conflicto, cerró las posibilidades de negociación de una reforma agraria o de apertura política mediante la vía militar. Santos continuó con el modelo neoliberal y la consiguiente periferialización productiva, pero con esperanza para la izquierda de que la «apertura política» que traería la implementación de los Acuerdos de La Habana pudiera cambiar la situación.
En realidad, este «abrir las fronteras» a la entrada de capitales comerciales y financieros, a la deslocalización productiva y a las políticas de flexibilización laboral para atraer «ahorro externo» —inversión extranjera— hacen parte de una serie de procesos económicos de globalización que han trazado el fin del ya insostenible Estado europeo de bienestar en la década de 1970, de los intentos de industrialización en América Latina y África con el modelo de sustitución de importaciones, del «pacto capital-trabajo», y el comienzo de la hegemonía del capital financiero por encima de las inversiones productivas alrededor de la triada Wall Street – FMI – Reserva Federal, como dice David Harvey. Cambió la forma del régimen de acumulación, dada la tendencia decreciente de la tasa de ganancia del sector productivo de la economía capitalista, problema sistémico que el Estado de bienestar, beneficiado de la colonización de África, intentó solventar sin éxito. Problema sistémico de rentabilidad que tampoco la globalización neoliberal ha podido solucionar y que ya tuvo su primera gran crisis en 2008, como sostiene el economista Michael Roberts.
El problema de Rappi
Y aquí entra Rappi, una de las empresas financiarizadas «colaborativas» que ha disfrazado de «emprendimiento independiente» la riesgosa explotación laboral de decenas de miles de trabajadores y que se ha beneficiado del «ejército industrial de reserva» migratorio —que de industrial ya tiene poco— que ha desplegado el colapso de la dependiente economía venezolana por Latinoamérica —una de las grandes periferias productivas del sistema-mundo capitalista—. Creada en 2015 por tres «millenials emprendedores» llamados Felipe Villamarín, Simón Borrero y Sebastián Mejía, la aplicación ha experimentado en sus más de tres años de existencia una valorización inédita para una empresa colombiana: para septiembre de 2018 Rappi se valoraba en mil millones de dólares y para abril de 2019 en dos mil quinientos millones de dólares, periodo en el que recibiría una inversión de mil millones de dólares por parte del capital japonés de SoftBank.
El presidente colombiano Iván Duque ha celebrado este vertiginoso ascenso con vítores y defendido que tal emprendimiento es un ejemplo real de su vaporoso concepto de economía naranja. Pero, paradójicamente, las más recientes protestas frente a la sede de Rappi en Bogotá que derivaron en la quema de sus maletas, la creación en Buenos Aires de la Asociación de Personal de Plataformas para luchar por mejoras laborales, las lesiones o muertes accidentales de rappitenderos, los despidos que siguen a las protestas o los intentos de regulación de la aplicación en Argentina o Chile, muestran que hay una correlación entre explotación, alto riesgo laboral y ascenso económico de Rappi, supuestamente desinteresado en ganancias a corto plazo. Posiblemente la cuestión es que el problema sistémico de reducción tendencial de la tasa de ganancia, la periferialización productiva latinoamericana por parte de los «centros» —principalmente occidentales— de la economía-mundo y la necesidad de garantizar rentas a los inversores exige que las mejoras salariales de Rappi sean paupérrimas y oscilantes, tratar de desmontar cualquier tipo de sindicalización, exponer a los rappitenderos a asumir riesgos por su propia cuenta y crear dispositivos discursivos para deslegitimar las protestas, tales como culpar de las mismas a la actitud «asistencialista» y de disgusto por el trabajo de los venezolanos «chavistas», como ha llegado a afirmar Simón Borrero.
¿Y por qué Rappi sigue siendo una opción?
Si Rappi todavía es viable es, entre otras razones, porque el aparato productivo colombiano en la economía-mundo es dependiente y está rezagado —modesto crecimiento del 2.8% en el primer trimestre de 2019 respecto al año anterior—, por lo cual no genera suficiente empleo, por no hablar de las penosas desigualdades de distribución del ingreso. La tasa de desempleo en Colombia está en aumento: para mayo de 2019 fue de 10.5% cuando el año anterior para el mismo mes había sido de 9.7%. Responsabilizar a la migración venezolana sólo es una comidilla para desviar un problema que es estructural. Y Rappi es una especie de equipo de bomberos que trata de apagar los incendios del capitalismo periferializado sin ir a sus causas.
Duque por su parte sólo parece alentar el actual funcionamiento de la aplicación. Además, su «Plan de Desarrollo» no lleva al «desarrollo»: continúa privilegiando el «crecimiento económico extractivista» dependiente de los precios internacionales del petróleo y las materias primas. No hay un proyecto de modernización del aparato productivo ni de socialización de sus beneficios. Y la meta de generación de un millón seiscientos mil empleos se busca lograr apoyando emprendimientos que privilegien más flexibilización laboral y menos seguridad social, según ilustra el economista Diego Carrero Barón. Más de lo mismo de un modelo que está presentando signos preocupantes de desgaste.
La aplicación de Rappi es funcional al actual régimen de acumulación precarizador del trabajo, pues puede absorber mano de obra «no calificada» o «escasamente calificada». Pero asimismo es una opción para técnicos, tecnólogos y profesionales excluidos del «poco dinámico» mercado laboral colombiano. Todo esto es preocupante y erosiona la supuesta «libertad» defendida por el liberalismo económico y político. La «libertad» queda cuestionada cuando el margen de acción está limitado por un proyecto de vida, determinado por el funcionamiento real de la economía-mundo capitalista, basado en pedalear riesgosamente más de ocho horas para hacer compras y entregar pedidos por medios electrónicos. Una y otra vez. Todas las semanas. Si el capitalismo globalizado no puede resolver sus propias crisis quizá sea tiempo de «globalizar» aún más las luchas antisistémicas, así sea como horizonte «final» de lucha política mientras se presiona, en principio, un nuevo ciclo de reformas económicas y políticas radical-liberales al capitalismo colombiano y latinoamericano, en perspectiva de colaboración sur-sur y sin rendirse al nuevo hegemón chino. En todo caso, las crecientes dinámicas explotadoras de las «economías digitales colaborativas» están marcando parte del escenario de lucha de clases de la contemporaneidad.
