Rodolfo Hernández se ha inventado una narrativa mítica y heroica sobre su vida. Un hombre de una familia de clase media, dedicado siempre a trabajar en el sector privado y solo relacionado con la política para denunciar a los politiqueros y a la corrupción. Como todo mito, éste debe ser desmontado.
no se ha hecho a puro pulso, sino utilizando el Estado en sus escalas municipal, departamental y nacional, para modificar los planes de ordenamiento territorial a favor de sus negocios
Las historias sobre el ingeniero informan que, en 1972, con sus amigos de Piedecuesta, Guillermo Gómez Serrano y Abelardo Serrano Otero, fundaron la constructora Hernández, Gómez y Serrano. Serrano se retiró y la empresa pasó a ser Hernández Gómez (HG). Luego a Gómez Serrano le dio cáncer en la laringe, se retiró y Rodolfo se quedó solo con el negocio, HG Constructora. El multimillonario ha hecho su fortuna, de más 400 mil millones de pesos, en el sector inmobiliario, pero no se ha hecho a puro pulso, sino utilizando el Estado en sus escalas municipal, departamental y nacional, para modificar los planes de ordenamiento territorial a favor de sus negocios, con la “delicia de tener miles de hombrecitos pagándole intereses”, como repite en entrevistas dadas a los medios.
Su fortuna familiar se ha hecho impulsando un modelo de urbanismo rapaz que expone a las comunidades de los municipios de la Meseta de Bucaramanga, y de otras partes del país, a un alto deterioro socio-ambiental, riesgos de desastre, así como la generación de las insalubres “islas de calor” urbanas (1). Hoy Bucaramanga solo tiene 2,51 metros cuadrados de espacio público verde por habitante (m2/hab). Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mínimo aceptable es de 9 o 10 m2/hab y lo recomendable, 15 metros. La reducción de zonas verdes trae contaminación del aire y enfermedades asociadas. Las islas de calor de la voracidad urbanística están exponiendo a la ciudadanía a duros impactos socioambientales y de salud sobre los que la ciudadanía debería estar informada y el Estado debería actuar.
Las islas de calor de la voracidad urbanística están exponiendo a la ciudadanía a duros impactos socioambientales y de salud sobre los que la ciudadanía debería estar informada y el Estado debería actuar.
Entonces, la supuesta antipolítica y la denuncia contra la corrupción quedan en cuestión al pasar revista a cuatro casos en los que las movidas empresariales de Hernández están salpicadas de injerencia indebida, corrupción y daño ambiental. Me refiero a 1. La ciudadela Real de Minas en Bucaramanga. 2. El Parque La Arboleda, en Girón. 3. El sector Castilla Real, también en Girón. 4. Altos de Kennedy, Bucaramanga.
Caso 1. Ciudadela Real de Minas – Bucaramanga
En el año 2000 varios ciudadanos agrupados en CORDEMINAS, representantes de las juntas administradoras de los conjuntos residenciales Metropolis II, Metropolis III, Rincón de los Caballeros y Plaza Mayor, en la Ciudadela Real de Minas, presentaron ante el Tribunal Administrativo de Boyacá una acción popular en contra de la alcaldía de Bucaramanga y HG Constructora, propiedad de Rodolfo Hernández y otros socios, para la protección de sus derechos colectivos, los cuales consideran amenazados con el proyecto de construcción.
la protección de sus derechos colectivos, los cuales consideran amenazados con el proyecto de construcción.
Los querellantes alegaban que la constructora de Hernández, con la complicidad de la alcaldía de Bucaramanga había cambiado el concepto urbanístico que dio origen a la ciudadela como un proyecto habitacional modelo en Colombia y premiado internacionalmente como centro educativo, cultural y ecológico del área metropolitana, con construcciones ordenadas, no mayores de cinco pisos, con 9 parques ecológicos y deportivos en terrenos del Estado. Por el contrario, la constructora generó un desarrollo urbanístico caótico, de alta densidad poblacional, sin suficientes espacios verdes, con ruptura del equilibrio ecológico lo que generó un efecto invernadero más alto, debido a la anulación de las corrientes de aire porque las torres de apartamentos excedieron la altura permitida de 5 pisos en la ciudad (2). Una medida, para nada arbitraria debido a que la meseta de Bucaramanga es un terreno inestable geológicamente y con permanente sismicidad que puede traer consecuencias nefastas. Medida que las constructoras y las autoridades se saltaron para favorecer la voracidad urbanística.
los derechos colectivos al disfrute de los planes iniciales y la calidad de vida en la Ciudadela fueron arrollados por la locomotora de la construcción que acaparó la mayoría de espacios para levantar conjuntos residenciales
Sin embargo, el Tribunal conceptúo que ni la alcaldía ni la firma del ingeniero habían vulnerado los derechos colectivos y el proyecto urbanístico cumplía con todas las normas. Esta decisión fue ratificada por el Consejo de Estado.
20 años después varios estudios confirman que las preocupaciones de CORDEMINAS eran ciertas. La situación hoy es altamente preocupante. El estudio de Amaya, Hernández, Tavera y Bohorquez (2020) (3) establece las siguientes problemáticas:
- Pérdida de vegetación: entre 2000 y 2015 las 20 hectáreas de cobertura natural y espacios verdes se redujeron a 3 debido a la presión urbanizadora.
- Entre 2012 y 2018 la propiedad horizontal se incrementó en 36%, alterando el flujo de vientos que estanca el microclima.
- Incremento de generación de residuos sólidos en el sector.
- Contaminación del aire, debido al alto tráfico vehicular.
En síntesis, como lo sostiene un trabajo de grado de Historia de la UIS (2019), los derechos colectivos al disfrute de los planes iniciales y la calidad de vida en la Ciudadela fueron arrollados por la locomotora de la construcción que acaparó la mayoría de espacios para levantar conjuntos residenciales (4).
Caso 2. El Parque La Arboleda en Girón
En agosto de 1998 varios ciudadanos de Girón presentaron, ante el Tribunal Administrativo de Santander, una demanda contra el Municipio y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, autoridades a quienes consideran responsables de la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (5).
Los agraviados denunciaban que las autoridades de Girón habían modificado el Plan de Ordenamiento Territorial, permitiendo que una zona protegida de reserva natural, el parque La Arboleda, fuera convertida en suelo urbanizable para conceder licencia ambiental a Building SAS y HG Constructora
Los agraviados denunciaban que las autoridades de Girón habían modificado el Plan de Ordenamiento Territorial, permitiendo que una zona protegida de reserva natural, el parque La Arboleda, fuera convertida en suelo urbanizable para conceder licencia ambiental a Building SAS y HG Constructora, para edificar conjuntos habitacionales en el municipio. Argumentaban que el Parque “La Arboleda”, era un regulador del equilibrio ambiental del casco urbano de Girón. En consecuencia, exigían que fuera revocado el POT y se garantizara el área verde.
El Tribunal ordenó suspender las obras de construcción y se dio paso a un largo pleito jurídico. No obstante, en 2010 Building SAS, compró por 1.300 millones de pesos un predio en el Parque La Arboleda y posteriormente lo negoció con la constructora de Rodolfo Hernández para continuar la expansión urbanística (6). Ante esto, varios ciudadanos de Girón interpusieron medidas cautelares para proteger el Parque La Arboleda. Furioso, el ingeniero interpuso en 2011 ante el Consejo de Estado una acción de Tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander argumentando que “no se constató si los accionantes tenían la razón, haciendo juicios ligeros basados en hechos mentirosos”. Y que tenía la autorización de la oficina de Planeación Municipal, esgrimiendo, adicionalmente, el argumento preferido por los consorcios ávidos de tierra urbana:
“no existe ninguna prueba de que se vaya a intervenir el parque La Arboleda, porque ese parque no existe en realidad, esto es, jurídicamente un sitio de esparcimiento o amueblamiento urbano, y si existe, no se ubica en el terreno que habrá de intervenir la constructora” (7).
Estos fenómenos resultantes de las islas de calor urbanas tenderán a crecer a ciudades sometidas a proyectos urbanísticos como los impulsados por el ingeniero.
Después de varios años el Consejo de Estado negó la acción de tutela. No obstante, ya se habían adelantado construcciones y reducción de la zona natural del Parque La Arboleda, ante lo cual el Consejo de Estado se limitó a solicitar a la firma de Hernández contribuir con un estudio sobre el impacto ambiental de sus obras, frenar los nuevos proyectos y solicitar al municipio de Girón la participación de la comunidad en Cabildo Abierto para informarse y participar sobre ajustes a un nuevo POT (8).
Este abril de 2022, durante el viacrucis de Semana Santa en Girón muchas personas fueron afectadas por un “golpe de calor”, altas temperaturas, deshidratación y desmayos, los adultos mayores fueron los más afectados. Estos fenómenos resultantes de las islas de calor urbanas tenderán a crecer a ciudades sometidas a proyectos urbanísticos como los impulsados por el ingeniero.
Caso 3. Castilla Real en Girón, Santander
En febrero de 2005, durante la temporada de lluvias, según informe del periódico El Tiempo(9), una avalancha del Río de Oro en el municipio de Girón, dejó un saldo de 4.991 casas destruidas, 32 muertos y 12 desaparecidos. Pero todas las investigaciones apuntan a que la tragedia se debió a los hechos dolosos que involucran a la alcaldía de Girón, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB y la firma de Rodolfo Hernández. Miremos los hechos.
Lo irregular fue que las autoridades permitieron que la Constructora HG comprara terrenos sobrepasando la cota de inundación de los ríos Oro y Frío y construyera sobre tierras aluviales de fácil arrastre.
Acorde a un informe de 2011 de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente(10), entre los años 1994 y 1995, la alcaldía de Girón y la CDMB dieron autorizaciones urbanísticas, de construcción y ambientales, respectivamente, para iniciar los barrios Castilla Real I (304 viviendas de interés social) y Castilla Real II (90 viviendas). Lo irregular fue que las autoridades permitieron que la Constructora HG comprara terrenos sobrepasando la cota de inundación de los ríos Oro y Frío y construyera sobre tierras aluviales de fácil arrastre. La omisión se hizo con pleno conocimiento de las implicaciones de este tipo de decisiones y violando normas como el Código de Recursos Naturales. En 2002, saltándose nuevamente la norma, las entidades mencionadas autorizaron la construcción de la Urbanización Portal de Castilla (235 viviendas) en plena zona de inundación de la quebrada Las Papas.
Estos fueron los barrios más afectados por el desbordamiento de los cuerpos de agua en 2005, ante lo cual la comunidad instauró una Acción popular contra el municipio, la CDMB y la empresa de Rodolfo Hernández, por vulnerar los derechos colectivos y permitir la construcción de casas en la zona de inundación de los ríos, razón por la cual, las tres instancias demandadas debían demoler las viviendas afectadas y pagar a valor comercial las casas y sus mejoras a los damnificados, entre ellos familias de militares en retiro que habían sido los principales compradores de vivienda de interés social.
Como ha sido costumbre, el entonces alcalde se enfureció y culpó a los politiqueros de lo ocurrido a Girón, además alegando, que él y su empresa siempre han cumplido las normas y que son los politiqueros, los corruptos que le hacen daño a él y a la gente.
No obstante, las tres instancias demandas interpusieron recursos para prorrogar y evadir su responsabilidad ante este crimen socio-ambiental, realizaron obras de mitigación, posponiendo la indemnización a las víctimas. El tiempo ha seguido pasando y las soluciones e indemnizaciones siguen sin llegar. En 2017 un fallo del Tribunal Administrativo de Santander estableció que HG Constructora, del por entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, debía reubicar 66 casas del sector Castilla Real, aceptando un reclamo comunitario de pobladores que siguen buscando restitución de sus derechos, ya que adicionalmente, cada temporada invernal genera inundaciones. Como ha sido costumbre, el entonces alcalde se enfureció y culpó a los politiqueros de lo ocurrido a Girón, además alegando, que él y su empresa siempre han cumplido las normas y que son los politiqueros, los corruptos que le hacen daño a él y a la gente.
Caso 4. Altos de Kennedy en Bucaramanga
En el norte de Bucaramanga, a comienzos de la década de 1990, se ofrecieron 102 viviendas de interés social. 10 años después los habitantes presentaron una acción popular contra las firmas Ingeniería y Construcciones Ltda., HG Constructora, el municipio de Bucaramanga, Colmena, Davivienda, la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y el Acueducto de Bucaramanga por violación de sus derechos colectivos. Denunciaban el mal estado de las viviendas, la constructora no puso una red de filtros para manejar las aguas subterráneas ni construyó muros de contención en concreto sólido que sostuvieran las terrazas en las que están levantadas las viviendas(11).
Denunciaban el mal estado de las viviendas, la constructora no puso una red de filtros para manejar las aguas subterráneas ni construyó muros de contención en concreto sólido que sostuvieran las terrazas en las que están levantadas las viviendas
En 2004 el Tribunal Administrativo de Santander falló a favor de la comunidad y responsabilizó a Ingeniería y Construcciones y al Municipio de Bucaramanga como responsables de los daños denunciados. Además de la realización de estudios técnicos, se debía indemnizar a la comunidad con 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, no se atribuyeron responsabilidades a HG Constructora, el Acueducto, Colmena, Davivienda ni a la CDMB.
La fórmula con que Rodolfo evadió responsabilidades es ya conocida. Él y otros socios crearon la empresa Ingeniería y Constructores para la construcción del plan de vivienda, pero en 2002 cuando los habitantes estaban demandándola, la liquidaron, así se libró nuevamente de responder ante las autoridades y las comunidades.
¿Y si fuera presidente?
Rodolfo Hernández encarna un modelo económico rapaz que acapara suelo urbano mediante artimañas legales, que atenta contra los derechos ambientales y contra los bienes ecológicos.
Los cuatro casos presentados, quizá los más conocidos, están situados en la Meseta de Bucaramanga, aunque sus negocios inmobiliarios son hoy nacionales. El anti político ingeniero ha sabido utilizar la política no solamente para su enriquecimiento personal, sino para sacarle el cuerpo a las demandas realizadas por miles de afectados. No se trata de un caso excepcional, Rodolfo Hernández encarna un modelo económico rapaz que acapara suelo urbano mediante artimañas legales, que atenta contra los derechos ambientales y contra los bienes ecológicos. Políticamente, su figura de viejito regañón y grosero, simpático y folclórico, señala el talante autoritario de sus ideales de administración del Estado, cizaña, cortinas de humo, engaños, impunidad, evasión de responsabilidad, enriquecimiento vampirezco a costa del sufrimiento ajeno.
Notas
- Las islas de calor o islas térmicas se refieren al patrón térmico que se encuentra en sitios altamente urbanizados en el centro o en la periferia de las ciudades. Son generadas por la pérdida de cobertura vegetal la cual es substituida por superficies impermeables como las carreteras de asfalto, edificios de concreto, ladrillo y otros materiales de construcción, dando como resultado el cambio en el balance hídrico y radiativo superficial, generando, por lo tanto, aumentos en la temperatura de las áreas urbanizadas. La identificación de estas islas térmicas permite desarrollar medidas de adaptación en sitios puntuales de la ciudad. Ver: Islas de calor, impactos y respuestas: El caso del cantón de Curridabat, 2019. https://ghhin.org/wp-content/uploads/Islas-de-Calor_Curridabat.pdf
- Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente AP110 de 2000, en https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/EX_AP141.htm
- Amaya, C., Hernández, C., Tabera, N. y Bohorquez, N. (2020). “Adaptación y mitigación al cambio climático. Estudio de caso: Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga, Colombia. Revista Iberoamericana Ambiente & Sustentabilidad. Vol. 3 No. 2, julio-diciembre. https://doi.org/10.46380/rias.v3i2.82
- Peña V.M. (2019) Los Juegos nacionales de 1996: Cambios en la Política Pública e Infraestructura Deportiva Urbana en el área metropolitana de Bucaramanga y el Municipio de Barrancabermeja (1992-1996). UIS. http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2019/175012.pdf
- Consejo de Estado (2019) ACCIÓN POPULAR / SENTENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR EN SEGUNDA INSTANCIA / REVOCATORIA DE SENTENCIA ABSOLUTORIA / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS. https://www.anla.gov.co/eureka/Images/pdf/sentencias/5-08-2021_Sentencia_68001233100020120010402.pdf
- “Plata fácil” (2013) Vanguardia, 11 de agosto. https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/manolo-azuero/plata-facil-GBVL220125
- Sigue polémica por construcción urbanística en ‘La Arboleda’ (2013). GirónCity.com. http://gironcity.com.co/polemica-por-construccion-en-la-arboleda
- Consejo de Estado (2019)
- “Fallas humanas detrás de la tragedia del Río de Oro” (2005). El Tiempo, 17 de julio, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1958150
- Contraloría Delegada de Medio Ambiente, CGR (2011). Control posterior excepcional Municipio de San Juan de Girón. https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/313934/C.E.GIRON17082011.pdf
- “Detector: Constructora de Rodolfo sí fue hallada responsable de daños en viviendas” (2022). La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/detector-de-mentiras/detector:-constructora-de-rodolfo-s%C3%AD-fue-hallada-responsable-de-da%C3%B1os-en-viviendas
