Sobre el Decreto 811 que se aprovecha de la pandemia para vender Ecopetrol

Con la llegada del Coronavirus a Colombia, el país entero le solicitó al Gobierno que planteara una serie de medidas para enfrentar la crisis que cada vez se agudizaba más, es así como el aparato ejecutivo, en cabeza del cuestionado presidente Iván Duque, declaró el estado de emergencia por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, que faculta al presidente a expedir decretos con fuerza de ley, mientras el estado de emergencia esté vigente. Como era de esperarse, en un gobierno tan poco transparente, los decretos que vinieron después de este tienen una serie de trampas, intenciones ocultas o “jugaditas” como al partido de gobierno le gusta llamarles. Pues, precisamente, con uno de estos decretos el Gobierno está buscando nada más y nada menos que vender las empresas públicas de la Nación, estamos hablando del Decreto 811 del 4 de junio de 2020.

Para empezar, las medidas expuestas en el Decreto 811 de 2020 advierten sobre la peligrosidad del mismo, pues con esta norma el Gobierno establece las “medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaria del Estado, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” lo cual, a simple vista, se ve muy inofensivo, lo cierto es que no lo es, pues este decreto está facultando a la presidencia y a sus ministerios, para decidir, sin preguntarle a nadie, en dónde invertir el dinero, de dónde hay que retirarlo, qué hay que comprar o qué hay que vender. Y precisamente, en esta última acción es donde se encuentra el mayor problema, pues aprovechándose de esta norma, están buscando vender las empresas públicas que le pertenecen a las y los colombianos, principalmente vender Ecopetrol, aunque en su mira rapaz también podrían estar empresas como la Interconexión Eléctrica S.A —ISA— (empresa transportadora de energía a nivel de Latinoamérica en dónde Colombia es la principal accionista), electrificadoras regionales, las acciones que se tienen en la Central de Inversiones S.A — CISA—  y algunas entidades del holding bicentenario.

En otras palabras, bajo el argumento de enfrentar la crisis generada por la pandemia, la presidencia planteó las disposiciones del Decreto 811 de 2020 para poder vender acciones de empresas públicas, sin la aprobación del Congreso de la República, con el fin de poder inyectar dinero para salvar empresas privadas, como bancos y la consentida del presidente, Avianca. Sí, la misma que años atrás, realizó despidos masivos a pilotos y demás trabajadores que entraron en paro a raíz del retraso en los pagos y la falta de garantías laborales que existían en la empresa, pero ahora en medio de la pandemia, la misma empresa privada, le ruega al Estado colombiano que la auxilie en medio de la crisis, porque a pesar de ser una empresa privada que funciona en mayor medida con capitales extranjeros (de Panamá), considera que es el Estado colombiano quien debe salvarla de la quiebra. No olvidemos que la hermana del presidente es la gerente de Avianca.

Las medidas que quiere adelantar el Gobierno sobre Ecopetrol son vender a la empresa filial CENIT, que es la encargada del transporte dentro de Ecopetrol y le genera a la nación nada más y nada menos que, el 70% de las ganancias que Ecopetrol en conjunto, le presenta al Estado colombiano, es inaceptable que la venta de CENIT de Ecopetrol sea para salvar empresas privadas como Avianca.

Las disposiciones del Decreto además de antinacionalistas (pues no representan los intereses de la nación), son en contra de derecho, porque contrarían lo dispuesto en la Ley 226 de 1995 que establece la obligación del Estado colombiano en democratizar la propiedad estatal. Lo peor de todo, es que dispone que la venta de las acciones de Ecopetrol sería al precio de la bolsa de valores de Colombia, eso quiere decir que, el Gobierno puede venderla en el momento que menos dinero le represente al país, para entregarla a un buen precio a sus socios de multinacionales extranjeras.

El Decreto 811 de 2020, tiene sus cimientos privatizadores en una serie de falacias, como por ejemplo que, el precio del petróleo a nivel mundial viene a la baja (lo cual es una realidad) y es por ello que se justifica la venta de Ecopetrol —según el gobierno y el ministerio de hacienda—, pero lo anterior, en conjunto, no garantiza que con la venta de acciones de Ecopetrol se enfrente de manera eficiente la crisis generada por el Covid-19, pues como se ha dicho antes, este dinero tiene como objetivo, entre otros intereses privados, salvar de la quiebra principalmente a Avianca y no atender las necesidades vitales que tiene en este momento el grueso de la sociedad colombiana. Esta situación viene siendo denunciada por diferentes sectores sociales como la USO —Unión Sindical Obrera—, medios alternativos de comunicación, organizaciones sociales de las regiones petroleras y líderes políticos.

Por otro lado, según el Gobierno Nacional, a la fecha se han invertido 117 billones de pesos en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por medio del decreto 637 de 2020 y el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, gracias a la veeduría de universidades como la Universidad Javeriana, sabemos que sólo se han invertido alrededor de 7 billones de pesos para enfrentar la pandemia, entonces, ¿en dónde está la suma restante de dinero? ¿cómo es posible que los datos financieros de las universidades y los del Gobierno Nacional sean tan diferentes? ¿corrupción?

Para terminar, recordemos que Juan Manuel Santos vendió en el 2016 la empresa pública ISAGEN a una multinacional canadiense, bajo el argumento y la promesa de dejar los dineros para la construcción de vías 4G. Hoy, cuatro años después, en medio de un panorama de escándalos de corrupción por puentes y carreteras sin construirse o desplomándose, nos preguntamos ¿para cuándo están las vías 4G y qué pasó con ese dinero?

Es así, como podemos asegurar que el Decreto 811 de 2020 no guarda relación con los problemas y la crisis expuesta en el Decreto 637 de 2020, sino que más bien busca de manera solapada, adelantar una agenda privatizadora que, sacando provecho de la crisis generada por la pandemia, busca abrirse el camino para vender el patrimonio público, estatal y colectivo, representado en las empresas sobre las cuales hace referencia el Decreto. Todo ello, en medio de un panorama en el que es muy complicado realizar control político, aún más en un país como Colombia, en donde la élite dirigente de derechas se ha encargado de que la participación en política de las bases sociales sea prácticamente nula.

Nada justifica la venta de nuestro patrimonio nacional.