En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional nació el Decreto 3398 de 1965 y posteriormente la Ley 48 de 1968, donde se establecieron nuevas formas de organización no institucional, basadas en el derecho a la legitima defensa. Estas medidas se fueron modificando y sentaron el marco legal para el posterior combate contra la guerrilla, en el contexto de la guerra fría en Latinoamérica y Colombia.
Así, desde fines de la década de los 60s, con el paso de los 70s y la llegada de los 80s, empezaron a sonar, por todo el territorio nacional, conceptos como “enemigo interno”, “amigo-enemigo”, “insurgencia”, y “contrainsurgencia”. También ingresaron al ámbito político sectores armados, nuevos partidos políticos y movimientos sociales, como la Unión Patriótica, o el movimiento A Luchar.
Según el mito, estos segmentos sociales que consiguieron una movilidad social ascendente, vieron amenazado su proyecto de vida construido siempre del lado de la ley y el Estado, y tuvieron que defenderse, por lo que la institucionalidad decidió darle soluciones/vías de acción a estas “víctimas”
En paralelo, se configuraron estructuras parainstitucionales y paramilitares, que se expandieron a lo largo del país, bajo las consignas del anticomunismo y la contrainsurgencia, cuyo origen se justificó bajo una imagen caracterizada por diversos adjetivos: supuestamente, eran personas con personalidad humilde, trabajadora y honesta, antes que grandes y poderosos terratenientes, que como fruto del esfuerzo lograron “llegar” a la clase alta.
Según el mito, estos segmentos sociales que consiguieron una movilidad social ascendente, vieron amenazado su proyecto de vida construido siempre del lado de la ley y el Estado, y tuvieron que defenderse, por lo que la institucionalidad decidió darle soluciones/vías de acción a estas “víctimas”, desatendiendo así la mira en las causales estructurales del conflicto social y armado, como la tenencia desigual de la tierra y las formas de apropiación de ésta por parte de grandes propietarios.
Esta ideología justificatoria es explícita en todas las declaraciones de los ex jefes de las AUC como hilos conductores y como la excusa para cometer masacres, y, en general, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Son las mismas líneas que hoy se escuchan sin ningún cambio, reproducidas sin temor o pudor alguno luego de lo vivido bajo el régimen paramilitar de los últimos años, que escaló, a través de la vía armada y política, a las instituciones gubernamentales, tanto de carácter civil como policial y militar, según múltiples investigaciones y el informe mismo de la Comisión de la Verdad.
porque las armas que les dio el Estado los convirtió en juez y verdugo, para manchar así sus manos por el bien de la población civil, que, aparentemente, solo está conformada por ganaderos, políticos, terratenientes, empresarios, narcotraficantes y personas influyentes en las regiones ¡Pero qué generosos!
Hoy el Uribismo y la extrema derecha alzan esas banderas de la defensa de la propiedad privada por medio de la justicia privada, nuevamente desde un autoreconocimiento de “víctima” para justificar la defensa por mano propia. Un renacer de la ideología paramilitar (que en realidad no desapareció por completo desde la desmovilización) como un recurso «necesario» e «inevitable» para defender a esos señores honorables, a esa gente de bien, que necesita una especie de vengador-héroe de los suyos porque defenderse justificó comprar en precios risibles o apropiarse de hectáreas de tierra pertenecientes a comunidades desplazadas, violar a miles de mujeres, quemar pueblos o asesinar campesinos, estudiantes y líderes sociales; porque las armas que les dio el Estado los convirtió en juez y verdugo, para manchar así sus manos por el bien de la población civil, que, aparentemente, solo está conformada por ganaderos, políticos, terratenientes, empresarios, narcotraficantes y personas influyentes en las regiones ¡Pero qué generosos!
o el financiamiento de estas estructuras por parte de grandes empresas para perpetrar el asesinato de líderes sociales, ambientales y políticos, como lo señaló Mancuso en sus declaraciones ante Justicia y Paz.
No sería algo nuevo para la extrema derecha reaccionaria el hecho de entrenar a las estructuras paramilitares en una de sus propiedades, como lo haría Santiago Uribe, hermano del ex presidente Uribe, con la estructura paramilitar de los “Doce Apóstoles” en la finca “La Carolina”, o el financiamiento de estas estructuras por parte de grandes empresas para perpetrar el asesinato de líderes sociales, ambientales y políticos, como lo señaló Mancuso en sus declaraciones ante Justicia y Paz. Que bloques del ejército patrullen y hagan operaciones conjuntas con los paramilitares, como sucedió con la Operación Orión, donde más de 3000 hombres encapuchados entraron casa por casa en la Comuna 13 de Medellín, para capturar, asesinar y posteriormente desaparecer a jóvenes señalados de pertenecer a las milicias urbanas de la guerrilla, solo dos meses antes de posesionado Álvaro Uribe Vélez como presidente.
Así que volver a escuchar y leer lo que dice el Uribismo, el presidente de FEDEGAN y los poderosos de las regiones, es escuchar de nuevo a Carlos Castaño, Jorge 40 o Salvatore Mancuso en los años noventa, legitimando su accionar a partir de la «defensa de la democracia», al verse obligados a tomar las armas y asumir la responsabilidad colectiva de autodefenderse como «población civil» de aquellos grupos que atacaban sus propiedades y sus valores conservadores, excluyendo, por su puesto, de su relato y reclamo vociferante las razones económicas, políticas y culturales, que fueron y son elementos estructurales para el nacimiento, expansión y posible rearmamento del paramilitarismo en Colombia.
