En reciente entrevista a Luis Carlos Valenzuela, ex ministro de Minas de Andrés Pastrana, discute el rol de las élites colombianas argumentando que el principal desafío del país no es la guerrilla o corrupción, sino la renuncia de sus élites a liderar políticamente. Critica la reducción de esas elites del concepto de nación al crecimiento económico, sugiriendo que la democracia debe ser un derecho adquirido mediante educación. Resalta cómo las élites enfrentan problemas públicos con soluciones individuales, alejándose de las necesidades reales de la sociedad y profundizando la desigualdad social y por lo tanto las violencias.
De manera paralela, cabe mencionar el reciente fallecimiento de Piedad Córdoba y la conmemoración de los 100 años de la muerte de Lenin, lo que me lleva a reflexionar sobre la relación entre estos eventos y la entrevista de Valenzuela. Córdoba me enseñó el valor de luchar por un país en paz, integrando este concepto con la justicia social, más allá de la versión aséptica vendida por el proceso liderado por el presidente Juan Manuel Santos. Aprendimos, en tiempos en que no era popular, que la paz era el objetivo que debíamos perseguir los demócratas de izquierda. Cuando Valenzuela reconoce que la desigualdad es la causa de las violencias que nos atraviesan, algo que las élites, carentes de grandeza política, se niegan a aceptar, confirmó el error de Juan Manuel Santos al considerar como problema la violencia, sin entenderla como consecuencia del problema estructural de la desigualdad.
Lo que salió mal del Acuerdo de Paz con las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos es que esa administración y las elites que representaban —las mismas caracterizadas por Valenzuela—, concentraron sus esfuerzos y los de las instituciones públicas en el desarme de la organización guerrillera, pero como ya se había errado en procesos anteriores por no volcar todo el proceso a construir las condiciones para que nuevas violencias no surgieran de las desigualdades pendientes por reparar en nuestro país. Es esa la justicia social que nos enseñó Piedad Córdoba.
Las élites de Valenzuela persiguieron implacablemente a Córdoba, intentando destruirla política, económica, social y moralmente. Incluido el propio Santos cuando todavía mantenía la alianza tácita de gobernabilidad con Álvaro Uribe desde el Ministerio de Defensa, fue un agente más de esa persecución a la labor patriótica de Piedad. Hubo un esfuerzo coordinado desde los medios de comunicación corporativos e instituciones como la Procuraduría o el DAS de su época, para marcarla como el enemigo público número uno. Córdoba enfrentó el racismo estructural en todas sus formas, desde titulares hasta ataques a su integridad física en el espacio público, fueron necesarias medidas extremas para proteger su vida durante la época de la Seguridad Democrática y un Álvaro Uribe con 80% de popularidad.
A pesar de estos retos, Córdoba aceptó la invitación de Gustavo Petro para integrar la lista al Senado del Pacto Histórico, demostrando que, más allá de diferencias políticas, ambos apostaron por un proyecto de país más grande que ellos mismos. Incluso en su condición física disminuida, Córdoba luchó fuertemente en la opinión pública contra la nueva derecha representada por figuras como Miguel Polo Polo o Jota P. Hernández, quienes no esperaron a que se enfriara su cadáver para atacarla cobardemente en redes sociales.
El presidente Petro, reflexionando sobre la muerte de Córdoba, convocó a acelerar el proceso de unidad del Pacto Histórico como partido único, reconociendo en Córdoba la propuesta de un liberalismo popular que debería ser, en opinión del presidente, el eje del Pacto Histórico. Petro viene insistiendo desde la campaña electoral: el Pacto Histórico no es un proyecto de país exclusivo de la izquierda colombiana histórica y no debe girar en torno a su figura. Aquí es donde Lenin, el Fiscal Barbosa y la Procuradora Cabello entran en la conversación.
Lenin fue un político que transformó su práctica en teoría política y viceversa, leyendo la coyuntura de una Rusia zarista periférica y liderando una revolución tan radical como la francesa. Materializó el análisis de Marx sobre el proletariado europeo, a través de la idea de un partido político que no solo representara a este, sino que encarnara fielmente sus intereses, además de ser una máquina de guerra bien organizada contra las élites opresoras de un Estado monárquico como el ruso.
En ciencia política, tres teóricos clásicos de las élites, Pareto, Mosca y Michels, coinciden en que la historia de la humanidad es la constante reorganización de sus élites, y que las elites son una minoría organizada gobernando a la mayoría desorganizada. Creo que las discusiones sobre la unidad en la diversidad dentro del Pacto Histórico deben trascender la figura de Gustavo Petro y convertirse no solo en una eficiente máquina de guerra contra esas élites minoritarias sino también un espacio profundamente democrático en su interior, por su diversidad y fuerza.
Fue precisamente esta unidad en la diversidad la que permitió, con todas sus dificultades, una victoria electoral en el Congreso de la Republica y el Gobierno Nacional en él 2022; pero insisto, el Pacto Histórico también debe ser una máquina política profundamente democrática que refleje la diversidad histórica del pueblo colombiano organizado; no solo a personerías jurídicas particulares que no necesariamente representan esa diversidad.
Lenin insistió en que la reconstrucción del Estado ruso debía otorgar todo el poder a los soviets, reflejando el movimiento social y popular de su época. El partido como aparato de lucha contra las élites opresoras, y los soviets como el germen de un Estado nuevo en construcción de una democracia profunda. El Pacto Histórico tiene en su seno la tensión por un lado la propuesta liberal de democracia que se limita a su procedimiento que son las elecciones y por otro, la propuesta de izquierda que concibe la democracia como un régimen de distribución equitativa de todo el poder: económico, social, político y cultural.
Las elites de Valenzuela han limitado y violentado la dirección de la nación disciplinando a las mayorías populares, priorizando la violencia como arma política de concentración del poder; han limitado la democracia a su noción procedimental, mientras siguen concentrando el poder de forma antidemocrática en todas sus variables, a pesar de las violencias que esa manera de dirigir la sociedad ha desatado.
Es importante entender que esa profunda desigualdad desatada precisamente por la violencia de estas elites se expresa en las instituciones del Estado. Es importante entender que el Estado, sea el ruso de Lenin o el colombiano de Petro, es ante todo una relación social. Por ello, el presidente Petro ha enfatizado que, aunque ganamos el gobierno como proyecto político, no hemos ganado el poder. El Estado es la manifestación temporal y cambiante de las relaciones de poder en una sociedad y es necesario que el Pacto Histórico, como proyecto político de nación, supere esa manera mezquina en que la han dirigido las elites de Valenzuela a Colombia logre superar la coyuntura virtuosa y temporal de Petro en la presidencia para garantizar construir las condiciones que superen a las mismas y nos permitan realmente caminar hacia una Colombia en clave de esa paz con justicia social que nos enseñó Piedad Córdoba.
Francisco Barbosa como fiscal general y Margarita Cabello como procuradora general de la nación representan algunas de esas trincheras que mantienen esas élites que se resisten a que Petro siga liderando la reconfiguración del poder del Estado a favor de los sectores sociales históricamente sometidos. Recientemente, Petro ha alertado sobre las intenciones de Barbosa, ex jefe de la Fiscalía, de utilizar estrategias legales, no legitimas, como su intentona de orden de captura al presidente de Ecopetrol para desestabilizar el gobierno nacional, evidenciando el uso del poder judicial como trinchera que todavía responde a la lógica de Valenzuela. De la misma manera podríamos alargar este articulo relatando cómo Cabello está ahí gracias al poder político de la familia Char, como representantes de otro sector de las mismas elites de Valenzuela que hoy creen, por su victoria circunstancial en las elecciones regionales, que podrán recuperar el gobierno en 2026 con algún representante de su emporio regional.
El Pacto Histórico debe acelerar su unificación sin perder de vista la diversidad y el imperativo categórico de su profunda democratización interna, si se tiene realmente la intención de romper el dominio histórico de las elites y, construir un camino hacia la democracia profunda que, desde tiempos de Lenin, las propuestas políticas de izquierda y populares se han planteado como horizonte de sentido.
La lucha por el control de la Fiscalía y el futuro de la Corte Suprema, al igual que con el resto de las instituciones del Estado, son cruciales para determinar si estas instituciones cambiarán de liderazgo o si perpetuarán la ruptura del Estado de derecho a favor de las élites. Depende, en gran medida, de la organización y movilización social y popular, pues es la única fuerza capaz de desafiar la ley de hierro de las élites descrita por Pareto, Mosca y Michels, la que puede realmente darle una vuelta de tuerca a la historia del país a favor de los nadies.
