Colombia, 1 de septiembre de 2022. La organización campesina Coordinador Nacional Agrario (CNA) denunció que la orden de Presidencia de la República emitida el pasado 30 de agosto puede poner en riesgo y expone a la violación de los Derechos Humanos a las comunidades campesinas que vienen adelantando, desde hace varios años, un proceso de recuperación de tierras despojadas en diversas partes del país.
«Es un cheque en blanco para que la fuerza pública agreda a las víctimas del despojo», señaló el CNA en su comunicado.
Sobre las recuperaciones de tierra la organización sostiene que: «están dirigidas contra las grandes apropiaciones legalizadas por el Estado a favor de la clase dominante y en detrimento del derecho colectivo de las y los colombianos. Están enfocadas en la protección ambiental, conservar los nichos de vida, incentivar la protección de alimentos, sustituir los cultivos de uso ilícito por producción de comunidad para Colombia y ponerle un freno a la acumulación de grandes extensiones de tierra en manos de monopolios».
En la misma línea, el proceso de Liberación de la Madre Tierra adelantado por el pueblo nasa y otras comunidades del norte del Cauca, y que también se vería afectado por la medida del gobierno, en un comunicado del pasado 29 de agosto, enlistó la serie de agresiones perpetradas por los grandes ingenios azucareros del departamento, entre las que se pueden encontrar: cerca de 400 intentos militares y policiales de desalojo, 12 liberadores asesinados entre 2005 y 2020, más de 600 heridos, 16 vacas masacradas, 115 pollos y gallinas robadas, 300 hectáreas de cultivos de pancoger destruidas, entre otros agravios.
En el comunicado dejan en claro que los tiempos de deliberación de las comunidades son diferentes a los tiempos del gobierno, que las decisiones son tomadas de manera colectiva y que esa dinámica es bien conocida por la vicepresidenta.
El proceso de liberación de la madre tierra, es un ejercicio adelantado por comunidades que a lo largo de la historia fueron despojadas de sus tierras por parte de grandes propietarios, con el fin establecer vastas extensiones de monocultivo de caña de azúcar, eliminando los cultivos de alimentos sembrados previamente. Las comunidades fueron desplazadas hacia las zonas altas del norte del departamento, en las que la tierra es menos fértil. Desde el 2005, las comunidades se organizaron para bajar hacia los cañaduzales y empezar a sembrar, nuevamente, alimentos.
Contexto
El gobierno nacional emitió, el martes 30 de agosto, un comunicado en el que manifiesta que «Quienes quieren promover invasiones entorpecen la gestión del gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por las autoridades», afirmando además que en efecto habrá reforma agraria que busque la equidad sobre el acceso a la tierra.
De allí que el CNA sea reiterativo en sostener que las comunidades no son invasoras sino recuperadoras, y que se trata de una acción que lleva años, y de una reacción a los hechos de despojo iniciales perpetrados por los grandes propietarios.
QUE PUEDA CUMPLIR EL GOBIERNO NACIONAL AL PUEBLO, POR LOS REPRESENTANTES SALIENTES DESTRUYERON EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COLOMBIA PARA VIVIR SABROSO, TENER CUIDADO CON LOS QUE ESTÁN SAVOTEANDO ESTE GOBIERNO ‘PORQUE ELLOS NO TUVIERON NINGUNA CONTEMPLACIÓN… Y SUS SEGUIDORES ENFERMOS EMOCIONALES… ETC… DIOS NOS BENDIGA A TODOS PARA SER LOS MEJORES DE LOS MEJORES.