Feminización del Estado; ¿el Cambio es con las mujeres?
La feminización del Estado es un tema que, si bien no es nuevo, históricamente no se ha estudiado y aplicado a profundidad en Colombia. De hecho, Ángela María Robledo en el 2021 publicó un libro al respecto titulado “Feminizar la política” y en el actual gobierno este tema se ha impulsado con el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez. Grosso modo, la feminización del Estado tiene elementos fundamentales que abordan las dos preguntas sobre el poder, es decir: ¿cómo se llega al poder? y ¿qué se hace con el poder? Para este caso, la primera pregunta se aborda desde la participación política de las mujeres y la segunda sobre el diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de mujer y género.
A estos dos elementos, podemos sumar un tercero que es muy relevante y que es el centro de esta reflexión sobre las violencias basadas en género y contra las mujeres particularmente en escenarios políticos, desde el Estado e incluso desde personajes del Gobierno del Cambio. Y no, no es que estemos en contra de las propuestas del Gobierno Petro, solo que no podemos quedarnos “calladitas” en silencio cómplice con lo que está pasando con la presencia de personajes en el gobierno como Benedetti o Hollman Morris quienes enfrentan denuncias por violencias machistas.
Estos nombramientos, y la defensa inadmisible que se hace de ellos, opaca el trabajo que han realizado decenas de mujeres en distintas instituciones de gobierno, muchas de ellas ligadas a las directrices de la Vicepresidencia, la anterior Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de la Igualdad y la Equidad en donde se ha trabajado por el cierre de brechas, la autonomía económica de las mujeres y la eliminación de violencias basadas en género y que generado resultados que son invisibilizados por los escándalos mediáticos de cada semana.
En el 2023 la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujeres liderada por Clemencia Carabalí, diseñó un curso sobre prevención de violencias basadas en género y contra el racismo en el ámbito laboral el cual, han realizado más de 30.000 personas ligadas a la Función Pública; ese año también lanzó el programa SALVIA para la atención integral a las Violencias Contra las Mujeres y logró consolidar la infraestructura institucional del MinIgualdad.
Durante el 2024 trabajó en la Consolidación del Plan de Acción de la Resolución 1325 sobre Mujeres, seguridad y paz con estrategias clave para las mujeres tejedoras de paz territorial. También impulsó el Fondo Mujer Libre y Productiva para apoyar la autonomía económica de las mujeres particularmente quienes viven en la ruralidad. Desde el Ministerio de Trabajo, en cabeza de la ex ministra Gloria Inés Ramírez, se buscó ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y este año, tras una larga discusión, logró aprobar el CONPES del Sistema Nacional del Cuidado que busca el reconocimiento y retribución de las personas cuidadoras que en su amplia mayoría son mujeres.
Cada logro y avance dentro del gobierno, y en general de las mujeres por nuestros derechos, representan años de lucha, lideresas sociales, periodistas, profesoras perseguidas y violentadas para lograr alguna incidencia política y políticas públicas con perspectiva de género. Por esta razón no es justo que en este momento las mujeres que han llegado a escenarios de poder deban renunciar a sus cargos solo por ser coherentes y no aceptar sentarse al lado de hombres que, a todas luces, son violentos y machistas. Son ellos, personas como el ex viceministro de Pueblos Étnicos, Nelson Lemus investigado por acoso sexual[8], quienes se deben ir.
Por supuesto, este no es un problema de ideología: “no hay nada más cercano a un macho de derecha que uno de izquierda” y seguramente desde la otra orilla política se visibilizan menos casos de violencias machistas, pero eso no quiere decir que no existan. Un ejemplo es el actual personero de Chiquinquirá, que hace unos años hacía parte de las juventudes del Centro Democrático, y quien aún enfrenta un proceso por presunta violencia intrafamiliar en contra de su expareja. Una vez más, el Estado debe ser garante de derechos, no puede estar en manos de hombres que enfrenten este tipo de procesos.
Creemos y seguiremos trabajando porque estamos convencidas que el cambio es con las mujeres, pero sobre todo que nuestras luchas de lejos trascienden las banderas de un gobierno que, como lo dice Liliana Barrera, busca instrumentalizar con fines electorales a las mujeres para luego deslegitimar su actuar e invisibilizar su trabajo. Parafraseando a Desmond Tutu, mantenernos neutrales en casos de injusticia es elegir el camino de los opresores. Y por esto, no podemos en ningún momento guardar silencio frente a estos escándalos que no solo nos indignan a nosotras, las mujeres y feministas, sino validan y dan un parte de tranquilidad a los hombres que se comportan como compañeros en las plazas y tiranos en las casas.
