Se han venido destapando muchos elementos turbios sobre el papel de las autoridades luego de que se supiera de Timothy Alan Livingston, el gringo que fue encontrado con condones usados y drogas, mientras estaba con dos niñas en un jacuzzi del hotel Gotham de Medellín. Por ejemplo, que fue detenido durante 12 horas sin presentarlo ante la Fiscalía; que esta se enteró de lo ocurrido por las noticias; que la fuerza pública ocultó su nombre y que pudo salir del país sin ningún problema; que todo es tan extraño, que la Procuraduría anunció indagación contra varios de los funcionarios de la policía metropolitana del Valle de Aburrá.
Pero la respuesta del alcalde Federico Gutiérrez nubló aún más el panorama. En un comunicado anunció la puesta en marcha de dos decretos: “Un primer decreto regirá durante seis meses y suspende de manera temporal la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público que afectan al parque Lleras, Provenza, la calle 10 y el parque de El Poblado (…). Con un segundo decreto, se pone en marcha un plan piloto temporal de modificación de horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercio con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, ubicados en el parque Lleras. Inicialmente, la medida aplica hasta la 1:00 de la madrugada”.
A esto quiero agregar una “denuncia” de una influencer paisa, en el mes de marzo, por la presencia de trabajadoras sexuales en algunas zonas de la ciudad y le pide al alcalde que tome medidas: “Uy, Medellín se churreteó… Parque Lleras, Provenza, eso hace algunos años era súper bacano… ahora uno se consigue a miles de mujeres al rebusque de extranjeros. (… ) No estoy de acuerdo con esto… es terrible la situación… abundan es que no son 10 ni 20, es una aglomeración de mujeres esperando el rebusque de encontrarse un extranjero que les dé dinero”. Una denuncia que sirve de referencia para identificar el tono del debate en la opinión pública.
Frente a esto me surgen varias preguntas:
- ¿La fuerza pública si sabe que la explotación sexual de la niñez es un delito?
- ¿Será que primó no solo la corrupción, sino un tema de clase y de edadismo para que la fuerza pública no siguiera el conducto regular?
- ¿Con la prohibición del ejercicio de la prostitución en estas zonas, no se estará castigando a las trabajadoras sexuales en lugar de proteger a las y los menores explotados sexualmente?
- ¿De qué van a vivir las personas que ejercen dicho oficio durante los seis meses de prohibición? Un oficio marcado por multiples exclusiones de clase, raza, sexo y género.
- ¿Será que el “turismo sexual” se combate haciendo firmar compromisos de uso para alquilar un Airbnb?
- ¿Por qué castigar a las trabajadoras sexuales y no a los pederastas?
- Pese a que esta no es la primera denuncia de explotación sexual a menores ¿Qué medidas juiciosas están tomando las administraciones locales para erradicarla, acompañar a l_s sobrevivientes y darles garantias de no repetición?
Lo cierto es que el prohibicionismo conservador, como todo prohibicionismo y punitivismo, busca eludir siempre las preguntas de fondo y las alternativas sobre los modos de subsistencia de las personas en condiciones de exclusión, además de eludir el ataque real hacia la explotación sexual y la trata, y del poder económico que existe detrás de estas economías.
