Es fácil caer en la idea nostálgica del «antes todo era mejor», e incluso, en la nostalgia de añorar, como diría Sabina, lo que nunca jamás sucedió. Las organizaciones sociales han cambiado. Es bueno que cambien. La sobre ideologización de las causas sociales ya no es la regla. Los debates contemporáneos son más prácticos y el horizonte ya no es si tal o cual lucha se inscribe en la línea pro-soviética o pro-china, como en el siglo pasado.
Las organizaciones contemporáneas tienden al funcionamiento en red o en asociación. La jerarquización ya no es el imperativo y la centralización ha cedido ante la territorialización y sectorización de las exigencias de las distintas expresiones sociales. Este contenido territorial y práctico es importante porque permite poner en la agenda realidades locales, y enfocar la búsqueda de transformaciones en asuntos concretos, diversos y sumamente complejos.
Con la territorialización, por ejemplo, queda en claro que el factor de clase social es importante, pero que este no puede eclipsar todo el análisis, dado que las dimensiones étnicas y campesinas, y sus tensiones también son determinantes en los contenidos de cada reivindicación, si se tiene en cuenta que en muchos casos hay traslapes conflictivos entre las demandas campesinas, indígenas y afro, negras, raizales y palenqueras, y que entre cada sector, a su vez, existen múltiples tensiones en la representación política de los intereses.
Señalaba que las nuevas organizaciones tienen una orientación práctica sobre sus demandas. Aluden a temas específicos del nivel territorial y sectorial, y la sobre ideologización no es la regla. Lo problemático, en múltiples casos, es que esta dimensión práctica de las exigencias parece adquirir un alcance hiper territorializado y sectorizado. Pero no solo eso, esta dinámica parece haber entrado en sintonía con la configuración histórica del Estado colombiano.
Autores como Fernan Gonzáles o Alejo Vargas, en distintos trabajos han explicado que el Estado se configuró de manera precaria, teniendo una presencia desigual que se iba conectando, en muchos casos, con los poderes regionales y locales, mediante un vínculo clientelar en el que cobraban un papel activo los gamonales o los caciques políticos. De esta manera, la garantía de derechos se restringió y se concibió, más bien, como una transacción de recursos gestionados por ese gamonal o cacique vinculado al partido político tradicional que fuera dominante en la zona.
Si bien en años pasados existió una sobre ideologización de las causas sociales, cuando recién se gestaban los movimientos agrarios, étnicos, de trabajadores, etc., pese a su arraigo territorial o sectorial, este contenido grandilocuente presente en las exigencias, le daba un alcance de cambio nacional o de totalidad no solo a los discursos sino también a las exigencias en sí mismas. Las demandas aludían a grandes reformas e incluso a cambios del orden revolucionario. Viejos dirigentes campesinos, indígenas o afro, en conversaciones casuales, dan fe de ello.
En la actualidad, en distintas mesas de concertación, sin que sea unánime, se expresa continuamente una forma de concebir la territorialización en la que el componente de totalidad no está presente o se enuncia como mecanismo para legitimar un contenido marcado por exigencias caracterizadas por dos aspectos: 1. Lo hiper territorial, dando cuenta de lo más específico de la dinámica local, desligado de lo regional y nacional, y 2. la concentración en exigencias económicas que no tienen un alcance estratégico o a largo plazo, o que garanticen niveles de autonomía productiva, por ejemplo.
Pero existe otro ingrediente: parece estar presente el fantasma del gamonalismo, aunque en las expresiones de la organización y el movimiento social. Muchos, no todos, dirigentes o autoridades étnicas, ponen énfasis en una exigibilidad netamente económica, transaccional inmediatista, para demostrar capacidad de gestión ante las asambleas de las bases, y garantizar su elegibilidad en el próximo periodo.
Este tercer ingrediente tiene un efecto específico, en muchos espacios de deliberación y concertación, las exigencias presupuestales o de cambio normativo se hacen en pro de un sector o de una expresión hiper territorializada, y en detrimento de otras expresiones. Estas exigencias pueden ser también de presupuestos que rebasan la cartera de ciertas entidades que tienen asignado un recurso para otras comunidades u organizaciones, o de cambios normativos que pueden afectar, por ejemplo, los derechos territoriales de otros grupos étnicos o campesinos que viven en una misma zona. De nuevo, el alcance nacional, o de totalidad, de impacto de mayorías, brilla por su ausencia.
Parece ser que lo importante es la llegada de acciones y recursos para grupos sociales muy específicos. Ya no prima tanto el sectarismo político por diferencias estratégicas para la realización de las grandes reformas y/o del cambio social, sino un sectarismo de grupo social y un sectarismo territorial.
La movilización de recursos no es extraña en los movimientos sociales y en las organizaciones que los componen, por el contrario, es fundamental en sus distintos tipos y dimensiones. La cuestión no radica en la presión, movilización y gestión de recursos sino en los énfasis corto placistas de un tipo muy determinado. Un tipo de búsqueda y presión, con una propensión hacia el acaparamiento, cuya ejecución, en ocasiones no necesariamente llega a las bases. Una ejecución por la ejecución, que no siempre tiene como prioridad la transformación de condiciones de desigualdad sino la demostración de la capacidad de gestión de dirigencias y autoridades ante el Estado. Una ejecución utilizada para garantizar cargos y mecanismos de contratación en proyectos puntuales, antes que para construir y avanzar en cambios sustanciales.
Descartando de tajo la sobre ideologización del pasado y los sectarismos absurdos, es difícil no sentir cierta melancolía por el contenido nacional, o de totalidad, de grandes reformas o cambios en muchas de las organizaciones y movimientos actuales. Por supuesto, no todo el movimiento contemporáneo tiene ese carácter, y no todas las bases sociales están conformes con esta orientación transaccional dada por dirigentes y autoridades, pero esta tendencia parece imponerse.
La potencialidad de la territorialidad tendría que conectarse con una conciencia popular y diversa, de alcance regional y nacional de las exigencias. Los espacios existentes de articulación de distintas causas y sectores parecen no ser suficientes para que esta forma de exigencia, en la que un solo sector hiper territorializado busca concentrar y acaparar todos los recursos en detrimento de otros sectores —como pasa con distintas expresiones sociales contemporáneas—, sea contenida.
Más aún, existe una crisis de representación entre esos espacios mayores de articulación organizativa con las bases sociales que representan, una crisis que pasa por el constante reclamo de cómo las acciones que se concertan parecen quedarse arriba, en burocracias acostumbradas al lugar de dirigencia o de secretaría técnica, y solo llegan a algunas formaciones territoriales, aquellas con mayor incidencia o presión, mientras que las más periféricas quedan aisladas o rezagadas. El Estado tiene que cambiar, por supuesto, pero el movimiento social también debe reformarse.
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