Hace apenas tres años, el presidente de la República se vestía con el uniforme policial y elogiaba a los agentes de seguridad. Sin embargo, durante esos mismos días, presenciamos en vivo cómo jóvenes eran golpeados y baleados mientras protestaban pacíficamente por un futuro mejor. Estos manifestantes eran injustamente etiquetados como criminales por los medios de comunicación corporativos, que aún hoy están controlados por figuras como Sarmiento Angulo, los Gilinski, Ardila Lülle y los Santo Domingo.
no han sufrido ni un solo golpe, mutilación de ojo o asesinato a manos de agentes de la fuerza pública, a pesar de haberse movilizado en ocasiones para exigir incluso un golpe de Estado o el asesinato de un presidente democráticamente electo
En el último año y medio de gobierno del cambio, los representantes de los partidos tradicionales, algunos de los cuales son nietos de ex presidentes, así como esa clase política que ha mantenido el poder en las regiones mediante la violencia y el control paramilitar, no han sufrido ni un solo golpe, mutilación de ojo o asesinato a manos de agentes de la fuerza pública, a pesar de haberse movilizado en ocasiones para exigir incluso un golpe de Estado o el asesinato de un presidente democráticamente electo, aunque con un margen estrecho en segunda vuelta rechazado por estas figuras rancias por ser de izquierda y por su pasado subversivo.
Un año y medio más tarde, nos encontramos frente a un escenario marcado por un frente corporativo mediático que constantemente difunde mensajes negativos sobre el gobierno: se resalta la supuesta mala gestión, la supuesta falta de ejecución y se amplifican los errores, al mismo tiempo que se ocultan o minimizan los aciertos. Esta campaña está coordinada en las redes sociales con el objetivo de difundir mentiras y desacreditar al gobierno, que ha promovido la participación de mujeres negras de la periferia rural, por ejemplo, en la toma de decisiones estatales y sigue trabajando por excluir a las mafias de las decisiones de Estado. A pesar de esta oposición, el respaldo del campo popular se mantiene sólido, con el presidente liderando el proceso de cambio y guiando el curso de este acontecimiento histórico que vivimos como país.
El presidente extendió una propuesta de diálogo a muchos de los sectores que actualmente capitalizan políticamente desde la extrema derecha, reconociendo así la constante operación de sabotaje y la fabricación de descontento. Sin embargo, recientemente, durante su discurso en Puerto Resistencia, admitió haber cometido errores y haber sido ingenuo en este enfoque. En lugar de cerrar las puertas al diálogo con las élites y los sectores mafiosos, optó por destacar la importancia de la movilización social y popular en las periferias del país. Además, reafirmó el compromiso decidido del gobierno nacional para avanzar en el proceso de cambio, con miras a alcanzar el 2026 con paso firme una transición pacífica hacia un nuevo momento histórico.
Cuando el presidente enfatiza que ganar el gobierno no equivale a tener todo el poder, reconoce que, aunque ostente la jefatura del Estado y tenga un margen de maniobra considerable en ciertas situaciones, los propietarios de los medios corporativos de comunicación, por ejemplo, o los clanes regionales
El 21 de abril mientras «los técnicos» de gobiernos anteriores se fotografiaban en la Plaza de Bolívar, rodeados de banderas que exigían la detención del presidente, la eliminación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la exaltación del sionismo israelí, en el sur de Bolívar, paramilitares del Clan del Golfo asesinaron al líder social Narciso Beleño. Beleño no solo había liderado históricamente movilizaciones en defensa de los derechos de las periferias olvidadas, sino que también fue uno de los responsables del comité de reforma agraria de su región, promovido desde el gobierno para dinamizar un proceso que ha avanzado más en este año y medio que en los dos gobiernos anteriores.
Bob Jessop es un teórico que interpreta al Estado como una relación social que va más allá de simplemente gestionar instituciones públicas. Él lo ve como el resultado de interacciones dinámicas entre fuerzas diversas y contradictorias, y argumenta que debe ser entendido dentro de contextos sociales específicos para mantener ciertos órdenes. Cuando el presidente enfatiza que ganar el gobierno no equivale a tener todo el poder, reconoce que, aunque ostente la jefatura del Estado y tenga un margen de maniobra considerable en ciertas situaciones, los propietarios de los medios corporativos de comunicación, por ejemplo, o los clanes regionales, en otros, tienen más influencia en determinados aspectos clave. Es por esto que ha optado por entablar diálogos con ellos para buscar vías pacíficas de transición e irreversibilidad.
En este contexto, cuando nos referimos al «establecimiento», hablamos de ese sector conformado por las élites que, a lo largo de la historia, ha ejercido una considerable influencia en la definición del Estado como una relación social. Este grupo ahora se encuentra en disputa con un gobierno que busca reorientar los fondos públicos para satisfacer el mandato constitucional del bienestar general, en lugar de continuar enriqueciendo a estas élites. El «establecimiento» no solo persigue intereses materiales de clase, sino que también está guiado por mandatos ideológicos, culturales y sociales. Por esta razón, se apoya en una variedad de dispositivos culturales para movilizar a aquellos que, desde las capas más bajas de la sociedad, defienden fervientemente sus ideales, intereses y motivaciones particulares, aunque no sean concretamente suyas.
El establecimiento esta superando la curva de aprendizaje de ser oposición, pero en un contexto democratico
Durante el último año y medio, este «establecimiento» ha dejado claro al presidente que no está dispuesto a dialogar una transición pacífica hacia el cambio, sino que continuará alimentando y capitalizando el odio. Este sector incluye a sectores profesionales y académicos de las grandes ciudades que se autodenominan como «de centro», pero cuyas aspiraciones se limitan a cambios superficiales en las instituciones públicas y que, en muchos casos, han sido parte de las grandes decisiones del Estado en las últimas décadas mientras se hacían los ciegos con la violencia del Estado: la mal llamada elite tecnocrática “basada en la evidencia”. Bajo el disfraz de un cambio supuesto, su verdadera intención política es reemplazar a las élites del establecimiento arraigado, que históricamente ha utilizado la violencia como medio de control en Colombia. Esta realidad persiste hoy en día, como lo demuestra el asesinato de líderes como Narciso Beleño en el sur de Bolívar.
El establecimiento esta superando la curva de aprendizaje de ser oposición, pero en un contexto democratico. Porque, aunque sigan mintiendo con que somos una dictadura sin precedentes, no tendrán que salir a las calles a arriesgarse a ser golpeados, mutilados o asesinados por una orden de, quienes hoy, ocupamos la jefatura del Estado colombiano.
La disputa por el sentido común en Colombia sigue abierta hacia ese nuevo momento histórico, pero, por ahora, queda claro que los sectores que si se encuentran políticamente no son Petro con Uribe, sino María Fernanda Cabal con Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Jota P Hernandez, Daniel Briceño y Catherine Juvinao. El centro en Colombia encontró su lugar en la disputa.
