El Catatumbo: una herida abierta en la geopolítica colombiana

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La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será. E.G.

La región del Catatumbo, ubicada en el nororiente de Colombia, es un microcosmos de la tragedia y la resistencia que han marcado la historia de América Latina. Allí convergen el abandono estatal, la violencia sistemática del conflicto armado, el paramilitarismo, las guerrillas, la desaparición forzada, el desplazamiento de comunidades y la lucha incansable del campesinado. La historia del Catatumbo no es solo la de una región periférica dentro del territorio colombiano; es la expresión de un modelo de explotación y dominación que se ha repetido a lo largo del continente. Para comprenderla en toda su magnitud, podríamos mirarla a la luz de las reflexiones de Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latinay sus relatos sobre la devastación de las minas de Potosí.

Históricamente, el Catatumbo ha sido un punto de fricción entre Colombia y Venezuela. La porosidad de la frontera ha facilitado el contrabando, el narcotráfico y la presencia de grupos armados que han utilizado el territorio venezolano como refugio estratégico. En diversos momentos, las tensiones entre ambos países han alcanzado niveles críticos, con desplazamientos masivos de población y crisis humanitarias que agravan aún más la situación de los habitantes de la región.

En ese sentido no es raro observar que la frontera del Catatumbo se asemeja a tantas otras líneas imaginarias impuestas en América Latina, que han sido más barreras de exclusión que puentes de integración. Como bien advertía Galeano, la historia del continente ha sido la de la fragmentación impuesta desde afuera, destinada a impedir la consolidación de una verdadera soberanía popular y territorial. Sin embargo, el Catatumbo no solo es un escenario de tragedia, sino también de resistencia. Los movimientos campesinos han logrado articular luchas en defensa de su territorio, reivindicando el derecho a una vida digna y a una paz con justicia social. A pesar de la persecución, los asesinatos de líderes sociales y las amenazas constantes, la organización popular sigue siendo un bastión de esperanza en medio de la adversidad.

Este espíritu de lucha que se ha mencionado es el mismo que se ha visto en las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de toda América Latina, desde las rebeliones de Túpac Amaru hasta las protestas contemporáneas contra el extractivismo y la privatización de los bienes comunes. En este sentido, el Catatumbo no es solo una herida abierta en Colombia, sino un símbolo de la persistente lucha por la dignidad en todo el continente. Desde hace décadas, el Catatumbo ha sido relegado por el Estado colombiano a la periferia del desarrollo. A pesar de su valiosa posición geoestratégica, que lo convierte en un punto clave para el comercio y la conexión con Venezuela, no ha recibido respaldo económico significativo de ningún gobierno colombiano. Las infraestructuras básicas son precarias, la educación y la salud están en crisis permanente, y la presencia institucional se reduce a una militarización que, lejos de proteger a la población, la somete a nuevas formas de violencia. Este abandono ha facilitado la expansión de cultivos ilícitos y la presencia de grupos armados que encuentran en la marginalidad del territorio un campo fértil para el conflicto.

En este contexto, el campesinado ha sido doblemente víctima: por un lado, de la guerra sin tregua entre actores armados que disputan el control del territorio; por otro, de una política estatal que lo criminaliza y lo despoja de su derecho a la tierra. La falta de apoyo gubernamental ha provocado la pérdida de valor de productos tradicionales como la cebolla, la panela y otros cultivos propios de la región, afectando gravemente la economía local y forzando a muchos agricultores a buscar alternativas menos sostenibles. Tal como Galeano describió en las minas de Potosí, donde los indígenas y esclavos africanos fueron forzados a extraer la riqueza que jamás disfrutarían, el Catatumbo es saqueado por una economía extractivista que deja a la población atrapada en un ciclo perpetuo de pobreza y violencia.

El conflicto armado en el Catatumbo ha sido alimentado por la presencia de guerrillas como el ELN y disidencias de las FARC, así como por el paramilitarismo, que ha actuado en connivencia con poderes políticos y económicos para consolidar su control. Las masacres, las desapariciones forzadas y el desplazamiento de comunidades enteras han sido estrategias recurrentes en esta guerra no declarada contra la población civil. La desaparición forzada en particular, como método de terror, evoca las estrategias de exterminio que se implementaron en las dictaduras del Cono Sur y que Galeano denunció en su obra.

En una descripción casi espeluznante, podría decirse que los ríos y fosas comunes del Catatumbo se han convertido en cementerios clandestinos, recordando las minas de Potosí, donde generaciones enteras de trabajadores murieron sin dejar rastro, consumidos por una maquinaria de muerte que nunca les perteneció. Así como en Potosí la riqueza extraída enriqueció a imperios lejanos mientras dejaba solo miseria en la región, en el Catatumbo la riqueza generada por el petróleo y los cultivos ilícitos financia estructuras de poder que solo perpetúan la opresión.

Ante esta realidad, es urgente una intervención humanitaria integral en el Catatumbo que priorice la protección de los derechos humanos. Se requiere una mayor inversión en educación, salud y desarrollo económico sostenible, en lugar de limitar la presencia estatal a un enfoque estrictamente militar.

A todo lo mencionado anteriormente, el decreto de conmoción interior, implementado en diferentes momentos de crisis en Colombia, plantea un debate crucial. ¿Es necesario para proteger la vida y garantizar condiciones básicas de bienestar, o solo perpetúa la militarización y el abandono estructural? Si bien la seguridad es fundamental, su aplicación debería centrarse en asegurar derechos esenciales como la salud, la educación y la estabilidad social, entendiendo que la paz solo es posible cuando se erradican las condiciones de precariedad que alimentan la violencia. La verdadera solución radica en priorizar la vida y el bienestar de las comunidades, construyendo oportunidades reales para que la población pueda desarrollarse en dignidad y fuera del ciclo de conflicto. Esperamos que el abordaje de la situación no vaya a ser netamente la militarización sino la respuesta integral del Estado, pues al parecer, tanto el decreto de conmoción interior y los decretos sectoriales subsidiarios apuntan en esa dirección de garantía de derechos.

El Catatumbo es un espejo de la historia latinoamericana: una región rica en recursos, explotada por fuerzas externas y abandonada por el Estado, pero habitada por comunidades que resisten con valentía. Como en las minas de Potosí, donde los cuerpos se desgastaban en la oscuridad mientras la plata iluminaba los palacios de Europa, en el Catatumbo la riqueza natural y geopolítica se convierte en una maldición para quienes la habitan. Sin embargo, la historia del Catatumbo aún se está escribiendo, y en ella la resistencia popular sigue siendo una fuerza que desafía el olvido y la explotación, reclamando un futuro donde la vida valga más que la guerra por siempre.

Referentes

Agencia Venezolana de Noticias. Venezuela destruye tres campamentos de grupos irregulares en Operación Relámpago del Catatumbo.

Barreto, M. F. (14 de octubre de 2021). El Catatumbo en disputa. Misión Verdad.

Congreso de los Pueblos. Catatumbo por la Vida Digna.

Congreso de los Pueblos. Comunicado por la Vida y la Paz en la Casa del Trueno: Urgen salidas humanitarias a la crisis del Catatumbo

El Espectador. (Fecha no especificada). Entrevista a ‘Calarcá’, líder de la mayor disidencia de las FARC que negocia con Petro.

Naciones Unidas Derechos Humanos. (3 de febrero de 2025). La Caravana Humanitaria llega a Ocaña, Norte de Santander.

Presidencia de la República de Colombia. (5 de febrero de 2025). Decreto 0137 de 05 de febrero de 2025 para adoptar medidas de protección para personas, grupos y comunidades afectadas por las graves violaciones de DDHH y DIH ocasionados por grupos armados organizados. [Enlace no disponible]