Un buen análisis político debe moverse hábilmente entre lo inmediato y el largo plazo, entre los acontecimientos del día y sus repercusiones posteriores, entre el elemento táctico y lo estratégico. Quedarse en la inmediatez del hecho es simplismo, irse a la nebulosa de la especulación “largoplacista” puede implicar quedarse sin piso concreto.
Pero, aun mas, la trilogía se completa con el conocimiento de los antecedentes históricos, los cuales no pueden perderse de vista; entonces, la relación puede establecerse como pasado-presente-futuro. Es decir, hacer la lectura de los hechos en una estrecha conjugación con los antecedentes y una proyección futura de las posibles repercusiones, sin que haya o se puedan establecer líneas claras y gruesas que separen de manera diáfana a estos tres elementos, porque se entremezclan en un riquísimo “paisaje” de donde debe extraerse la síntesis creadora del análisis. Nada sencillo, es cierto.
Así debemos analizar los hechos recientes ocurridos en Colombia, a propósito de la medida de aseguramiento proferida contra Álvaro Uribe Vélez. Lo primero que debe convocarse en el análisis es la calma, la tranquilidad, más allá de las euforias del momento y las redes sociales, máxime en un país de pasiones desatadas, de odios y amores irreflexivos, donde siempre hace falta la mesura y la mirada serena sobre los hechos.
Pues bien, es cierto que el fin del uribismo puede estar cerca, pero también puede este resurgir con más fuerza y, lo que sería peor, remozado con una nueva figura que encarne su concepción reaccionaria, combinada con un aire fresco que oxigene a estas huestes y le imprima aspectos que, aunque ornamentales, le sirvan para atraer más incautos. Es decir, el futuro del mal llamado Centro Democrático va a depender de su propia capacidad de reorganizarse y reconfigurarse después del revés reciente, pero, también va a depender de la capacidad de los sectores alternativos y de oposición para mantener a ese partido a la defensiva, sin que pueda pasar al ataque para recomponer sus fuerzas.
No es la primera vez que esta ultradercha se encuentra en un estado de debilidad relativa, si bien es cierto, esta vez ha recibido el golpe más fuerte, pero, ya en otras ocasiones la incapacidad propia de los alternativos le ha dado un nuevo aliento, sobre todo ante la imposibilidad de estos sectores para construir su unidad y superar la lucha de egos en que se enfrascan sus figuras más relevantes, lo que termina abriendo espacios al contrataque uribista.
La decisión de la justicia responde más a la ruptura del bloque hegemónico de poder que se enunciara hace años por parte de intelectuales de izquierda que atinadamente caracterizaron la contradicciones entre Álvaro Uribe y Juan M. Santos o, lo que es más completo, las contradicciones entre los intereses que estas dos figuras representan, tanto en el plano nacional como en el de la geopolítica internacional.
No puede ser que hoy digamos que las altas cortes son pináculos de justicia, pulcritud e imparcialidad debido a que el condenado es nuestro adversario, porque históricamente la justicia en Colombia ha golpeado, perseguido y encarcelado injustamente a luchadores sociales y revolucionarios sin mediar más que la impostura, la fabricación y manipulación de pruebas.
Lo que se ha manifestado con la decisión de la Corte Suprema de Justicia es la valiente perseverancia del senador Iván Cepeda y su equipo de abogados, conjugado con la actitud recalcitrante del uribismo que resulta insoportable a los sectores que, siendo de la derecha neoliberal y fiel a las directrices de la Casa Blanca, adversan desde hace un par de lustros con Uribe y los poderes mafiosos y terratenientes más retrógrados que él representa.
Ahora bien, la ruptura en los sectores dominantes del país se ha expresado con inusitada fuerza, al punto de propinarse un golpe a la institucionalidad por parte de la misma institucionalidad; me explico: la figura presidencial en Colombia siempre fue defendida a capa y espada por parte del establecimiento, al punto que en casos de los más evidentes desafueros y delitos del Presidente o expresidentes, toda la institucionalidad, junto al aparato mediático, cerraba filas para garantizar su protección e impunidad. Ejemplo de esto es que se impidió, a como diera lugar, que los expresidentes comparecieran obligatoriamente a la JEP como actores del conflicto, lo que quedó finalmente al libre albedrío de los exmandatarios. Hoy día la Corte Suprema de Justicia supera esa línea infranqueable en otro momento, para dictar la medida contra el expresidente Uribe.
Este golpe a la institucionalidad, en este caso a la figura presidencial, da cuenta de la debilidad que en el establecimiento ha generado el Acuerdo de Paz, el cual, a pesar de haber sido incumplido por parte del Estado, ha impedido que la confrontación contra las FARC se lleve toda la atención, para que importantes sectores de la sociedad (sobre todo de las franjas de clase media y media alta, con acceso a la información y más o menos politizada), pongan sus reflectores sobre la corrupción estatal, los vínculos de la clase gobernante con la criminalidad y el narcotráfico, así como en las responsabilidades de esos personajes respecto a las atrocidades aupadas por el terrorismo de estado y ocurridas en el conflicto.
Esta ruptura en las alturas del llamado bloque hegemónico del poder, abre una importante posibilidad a los sectores alternativos, a los amigos de la paz y a aquellos que francamente se muestran enemigos de la corrupción y contrarios a la postración moral del Estado, para que avancen hacia posiciones estratégicas y más relevantes.
Esta coyuntura, bien conducida y capitalizada, da la oportunidad de dejar atrás al uribismo y con ello la derechización de la sociedad, pero, sobre todo da la posibilidad de superar una institucionalidad que no responde a las necesidades fundamentales de la sociedad colombiana, la cual reclama, en el fondo de sus exigencias, la democratización profunda de la vida nacional.
Esta coyuntura demanda, más que nunca, la unidad de los verdaderos demócratas que persigan, más allá de la cárcel para Álvaro Uribe y las sanciones para sus copartidarios, una nueva forma de organizarnos como sociedad, un nuevo marco institucional que haga de la pulcritud en el ejercicio de la función pública, la bandera que inaugure una nueva era de desarrollo para nuestro adolorida patria.
Es la sociedad colombiana la que debe conducir a la unidad a los dirigentes y sectores alternativos y democráticos, dentro de la sociedad deben ser los jóvenes y las jóvenes las que más exijan esa unidad, apartando del camino a todo aquel o aquella que con sus conductas afecten la posibilidad de la unidad.
Ojalá estemos a la altura del momento histórico.
