El sistema-mundo capitalista globalizado está en crisis y ad portas de una gran recesión si todo sigue como va. De ello es consciente la nueva directora del Fondo Monetario Internacional —FMI—, Kristalina Georgieva, quien «en 2019, [espera] un crecimiento más lento en casi un 90% del mundo. La economía global está en una desaceleración sincronizada». El culpable de esta desaceleración general, se suele decir, es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero esta perspectiva ignora las dinámicas sistémicas de acumulación del capital, en particular su tendencia decreciente de tasa de ganancia. Como sostiene Michael Roberts, «un colapso financiero o una guerra comercial no conducen a una recesión económica, a menos que ya existan problemas serios con la rentabilidad del capital». Y las bajas tasas de interés de algunos bancos centrales no han podido reversar esta desaceleración.

Crisis en la economía-mundo moderna

La desaceleración de la economía capitalista, estructurada según el análisis de sistemas mundiales en procesos productivos centrales y periféricos y semiperiferias —espacios que viven una mezcla de ambos procesos—, tiene efectos para las «periferias» y «semiperiferias». Si la otra cara del «desarrollo» de los «países centrales» es el «subdesarrollo» de los países periféricos —originado o perpetuado a través de la dominación colonial o imperialista—, una crisis de rentabilidad de los países centrales golpeará a los países «en desarrollo», pues las economías dependientes crecen no por la fortaleza de sus mercados internos sino porque están volcadas hacia las exportaciones de materias primas o productos básicos a «países centrales». En palabras de Roberts, el panorama general es el siguiente:

«La economía alemana en su conjunto está en recesión virtual, según su propio banco central, el Bundesbank. China está creciendo a su ritmo más lento en casi 30 años. Los detonantes para una depresión mundial se multiplican. Incluso en los Estados Unidos, la principal economía capitalista avanzada con mejores resultados, el crecimiento se está desacelerando, mientras que la inversión y las ganancias están cayendo. Tenemos disturbios y protestas contra los recortes de austeridad en varias “economías emergentes” a medida que la desaceleración global afecta a las exportaciones y los ingresos: en el Líbano, en Ecuador, en Chile, en el empobrecido Haití. Al mismo tiempo, las economías emergentes más grandes están en crisis (Argentina, Turquía) o estancadas (Brasil, México, Sudáfrica)».

Justamente, si algo tienen en común las protestas y los procesos políticos de Líbano, Haití, Ecuador, Chile o Argentina es su rechazo a las reformas del FMI como forma de gestionar la crisis y mantener así las condiciones de dependencia de los países que acceden a endeudarse con la «banca multilateral». Se rechazan los préstamos del Banco Mundial condicionados por el FMI bajo la figura del «paquetazo» o «recetario» de reformas estructurales, el cual tiende a desregular las economías e impulsar la disciplina fiscal —lo que incluye, por supuesto, privatizaciones y reducción del gasto público—, con graves afectaciones a derechos económicos y sociales otrora conquistados por las movilizaciones sociales de trabajadores, mujeres o estudiantes y posibilitados por el régimen keynesiano de acumulación —o su émulo cepalino de industrialización por sustitución de importaciones para el caso de las economías periferializadas o del «tercer mundo»—.

Lo que no se puede perder de vista, entonces, es el papel del FMI y el Banco Mundial en el mantenimiento de la «estabilidad económica mundial», que no es más que un eufemismo para esconder su rol en la preservación de la dominación capitalista de los «centros» —hoy en crisis— sobre las «periferias».

La crisis sistémica en Colombia

El capítulo de Colombia parece constituir un caso aparte, pues, dice su presidente Duque, a diferencia del 90% de economías desaceleradas, «Colombia está en el 10% de los que crecerán, según el FMI». Pero si para Jairo Estrada la economía colombiana no sufrió el fenómeno de la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980 gracias al colchón del capital del narcotráfico y su blanqueamiento y circulación en la «economía legal», no hay razones para pensar que parte de la explicación de la «excepcionalidad colombiana» no tenga que pasar por ahí y que las altas tasas de ganancia proporcionadas por el narco en una economía periferializada, beneficiadas del control de la inflación como centro de la política monetaria, sean uno de los factores que expliquen su «estabilidad macroeconómica». Un reporte de El Espectador de mayo de 2019 titulaba que «Colombia todavía es el mayor productor de coca en el mundo» de acuerdo con una entidad de la ONU.

La reciente masacre perpetrada en el resguardo de Tacueyó, Cauca, contra cinco indígenas, incluyendo su gobernadora Cristina Bautista, no es más que la muestra del curso terrorífico que está teniendo la disputa violenta por el control territorial de rutas de narcotráfico en el Pacífico colombiano entre «disidencias de las FARC, ELN, el EPL y grupos neoparamilitares». «Y es que esta zona hace parte del llamado “Corredor Estratégico”, por donde se transportan alucinógenos al Pacífico caucano. Toribío, y en especial Tacueyó, son parte del tramo inicial de ese “Corredor”», se recoge en El País. El narcocapitalismo como amortiguador de la crisis va constituyendo un orden político cruento que atenta contra las autonomías de los pueblos indígenas que se le oponen. Y qué ha sido la parapolítica sino la legitimación estatal de ese proyecto político-económico vinculado con la financiarización económica de clases terratenientes que propulsaron el narcotráfico, y el cual requería la estigmatización y exterminio de «la izquierda».

Pero si los principales mercados de drogas, Estados Unidos y Europa, están decreciendo, la economía subterránea del narco es insuficiente para gestionar la dominación capitalista en la «periferia» colombiana. La «excepcionalidad colombiana» configura un marco de crecimiento, pero, a la par, dada la «desindustrialización» y dominio del capital financiero —con Sarmiento Angulo a la cabeza—, de aumento del desempleo y alta informalidad laboral. Sólo hasta este año la economía colombiana ha mostrado algún tipo de recuperación coyuntural, después de «una desaceleración sufrida entre 2014 y 2015 por la caída de los precios del petróleo, el principal producto de exportación», lo que ilustraba su carácter dependiente monoexportador y su vulnerabilidad a los cambios exógenos. No es descartable, entonces, asegura el analista Felipe Campos, que para el 2020 o 2021 Colombia viva una nueva fase de desaceleración similar a la que están sufriendo Chile o Perú.

Las salidas que aparecen para Colombia ante estos problemas socioeconómicos son el aumento de la productividad, dificultado por su condición sistémica periférica y la financiarización, o reformas que propugnen por la flexibilización laboral, respaldadas por la fórmula mágica de que la disminución de los costos de los empresarios llevará a la contratación de más empleados y, por esa vía, a más empleo. Pero esta idea ignora, de acuerdo con Juan Carlos Guataquí, que «la demanda laboral es una demanda derivada. Eso significa que un empleador contrata más trabajadores porque el mercado le demanda más productos, no porque sus trabajadores le cuesten menos»; así, este autor llega a la salida keynesiana de «estimular la demanda de bienes y servicios y, por ende, estimular la demanda de trabajo». El problema es, pues, la baja productividad del mercado de bienes y servicios que afecta a la productividad laboral. ¿Pero cómo generar esta estimulación de «demanda agregada» y aumentar la productividad laboral en una economía dependiente desposeída de sus excedentes de deuda y susceptible de verse afectada por la desaceleración de las economías centrales y una ulterior recesión global? ¿Por qué se ha deteriorado la productividad periferializada de la economía colombiana y se han destruido miles de empleos?

Estas cuestiones, en realidad, van más allá del mero fomento de la competitividad y el crecimiento nacionales y tienen que ver con el modo en que históricamente —desde el colonialismo europeo de los siglos XV y XVI, pasando por el imperialismo inglés decimonónico y el imperialismo estadounidense del siglo XX—, ha funcionado y se ha reproducido el orden del capitalismo realmente existente a través de la integración colonial o imperialista a la economía mundial de territorios «descubiertos» o «nuevos Estados» con apoyo subordinado de sus élites políticas y económicas. La «baja productividad laboral» —lo que no significa que no se trabaje mucho más— es una condición sistémica característica de las economías periferializadas. Vencerla requeriría «desarrollo» —modernizar de modo general su aparato productivo y acceder a procesos productivos centrales— y no mero «crecimiento», y alterar por esa vía el «patrón de poder mundial», lo que generaría nuevas tensiones globales en términos de disputa por mayores tasas de ganancia en el sector tecnológico, como las vividas hoy entre Estados Unidos y China. Pero ni al FMI ni al Banco Mundial les interesa realmente el desarrollo capitalista de los países intervenidos por ellos: la acumulación por desposesión de excedentes de deuda y la constitución del clima político institucional para ese fin es funcional para preservar el statu quo del «subdesarrollo políticamente gestionable».

Una oportunidad del movimiento popular de cuestionar al régimen capitalista

Es en este contexto de eventual recesión mundial en el que desde la CUT, con apoyo de la ONIC y del estudiantado movilizado, se invita a un paro cívico nacional para el 21 de noviembre «contra el paquetazo del gobierno Duque, el FMI, la OCDE, por la Paz y la Vida». El gobierno colombiano está reaccionando a la crisis sistémica, presionado por la banca multilateral, con más disciplina fiscal y desregulación económica en tres frentes: reforma laboral, pensional y tributaria. En esa medida, de acuerdo con Pablo Nariño, como parte de la reforma tributaria «el gobierno nacional ya ha avaluado en un total de 160 billones de pesos las propiedades del Estado, que tras la aprobación del Plan de Desarrollo serán rematadas; ya es un hecho la venta del resto del 20% de las acciones de Ecopetrol, la subasta de ISA, la venta del oleoducto Cenit y de las electrificadoras estatales, lo que además conlleva recortes en los gastos del Estado para atender la educación y la salud»; en fin, como resultado de su acuerdo de 2019 con el FMI, sostiene el mismo Nariño, «el país presenciará reformas que afectarán directamente a amplios grupos sociales; aumento de la edad de jubilación, reducción de los derechos pensionales, ampliación de las personas que pagarán impuestos, reducción de transferencias a las regiones […] disminución de los salarios, entre otros».

En definitiva, el problema económico que lleva al recorte de gasto social y la erosión de derechos sociales y económicos es la baja productividad del capitalismo dependiente colombiano vinculada con una tendencia decreciente mundial de las tasas de ganancia y bajas inversiones en el sector productivo. El recetario «neoliberal» aparece como la fórmula para solventar las dificultades causadas por la baja rentabilidad. Este fenómeno es lo que los economistas deberían explicar, más allá de la coyuntura de la guerra comercial, la cual es una expresión detonante de la crisis y no la crisis como tal. Algunas élites sistémicas alternativas, como la que representa el sector de Petro, dirán que el problema colombiano reside en la hegemonía del capital financiero sobre el sector industrial y que lo que se necesita es que desde el Estado se hagan inversiones para aumentar la productividad de la «economía real», generar empleo y combatir la financiarización y la desigualdad socioeconómica. Pero desde el punto de vista aquí esbozado sostenemos, en cambio, que el problema es la dinámica de acumulación capitalista y su estructuración histórica concreta. En algún momento el consumo impulsado por la deuda y no por la productividad como modo de solventar los problemas de tasa de ganancia será insostenible y estallará la burbuja financiera.

De todas formas, ya sea que los movimientos populares que reunirán sus fuerzas sociales el próximo 21 de noviembre en un paro cívico nacional consideren que están rechazando el sistema mundial capitalista o sólo un régimen particular de su organización —el «financiarizado» o «neoliberal»—, hay en el repudio al «paquetazo» de Duque un rechazo simultáneo al orden capitalista global hoy por hoy vigente y, en ese sentido, el movimiento popular colombiano tiene una dimensión antisistémica común, pues resiste a que la ley capitalista de valor continúe mercantilizando la educación, la salud o las pensiones.

Es posible que estemos asistiendo al momento de bifurcación del que hablaba Wallerstein, en el cual el sistema-mundo capitalista enfrentará dos caminos frente a la crisis según la fuerza e intencionalidad de los movimientos sociales: si continuar con una versión modificada del sistema u optar por uno nuevo. Pero mientras en Colombia se construye un consenso radicalmente anticapitalista o «capitalista alternativo», la base común del «paquetazo neoliberal» es un paso importante para la concertación ideológica y la unificación política de las distintas fuerzas sociales del «movimiento popular». Es un «buen sentido» que cada vez más tenemos que llenar de contenido razonable.

Hay en Colombia algunos factores importantes para mostrar que un cambio social antisistémico o sistémico alternativo son posibles, pues no se puede establecer una relación mecánica entre la crisis capitalista general, sus implicaciones nacionales y la eventualidad social de transformación de un régimen o sistema político-económico. Quizá uno de los factores que más destacan es la derrota del uribismo en las elecciones regionales de octubre de 2019, con un frío aumento del 0.31 % del total de votos respecto a las elecciones de 2015 en alcaldías y gobernaciones, y cuyo partido ha estado asociado cada vez más en el imaginario electoral —y no sólo en el imaginario— a las maquinarias santistas y, en general, a la clase política de derechas tradicional, lo que ha tenido efectos deslegitimadores que su modesto crecimiento en las elecciones ha reflejado. A ese fenómeno también hay que vincular la baja aprobación del presidente Duque y de Álvaro Uribe, lo cual refleja un clima de descontento social generalizado que puede ser aprovechado por los movimientos populares sistémicos alternativos o antisistémicos.

Existe un panorama de incertidumbre respecto a lo que pueda implicar el paro nacional del 21 de noviembre; si, por «efecto contagio», derivará en los niveles de alta movilización social acaecidos en Chile o en Ecuador. Semana ha dicho que: «En el país no hay conciencia de que el 21 de noviembre puede constituirse en una fecha trascendental. El paro nacional anunciado para esa fecha tiene el respaldo de más de 40 sindicatos y más de 100 representantes de movimientos sociales. Aunque ha sido convocado antes de las manifestaciones y disturbios de Chile y Ecuador, no se descarta un efecto contagio en Colombia […] En el país hace muchos años no ha habido un paro nacional». Esta última parte es importante porque aunque el movimiento estudiantil a nivel nacional tenga síntomas de desgaste y agotamiento debido al esfuerzo realizado en el paro de 2018, por primera vez en «muchos años» los distintos sectores del «movimiento popular» podrán confluir a escala nacional en torno a unos objetivos comunes «antisistémicos». Puede emerger, entonces, una fuerza social inédita en Colombia, una multitud con amplio poder destituyente y constituyente con la capacidad de resistir y enfrentar al statu quo y elevar la conciencia de la población afectada por el régimen capitalista vigente de acumulación, que frente a la pérdida de capacidad de construir consenso y legitimidad ante la multitud movilizada acudirá una y otra vez a la coacción violenta de sus fuerzas estatales.

Una vez más los excluidos nos enfrentaremos a los brazos represivos del sistema y al cierre político habitual del bloque de poder hegemónico. Pero marcharemos una y otra vez con la esperanza de un mundo nuevo que supere las exclusiones estructurales del capitalismo realmente existente. Juntos seremos más fuertes construyendo lo común a pesar de las diferencias programáticas y de repertorios de lucha.

Vencer el miedo, continuar con la organización de la multitud, la articulación de más sectores, construir repertorios de lucha comunes y luchar por la transformación cultural de las conciencias son los retos por cumplir.

¡Que viva el próximo paro nacional!