Aunque si son o fueron actores dentro del conflicto social, político y armado en Colombia, los paramilitares jamás nacieron con la intención de cambio u oposición al Estado o su marco jurídico. Las autodefensas y su creación se ha justificado como una medida para la “defensión” de la clase alta ante la avanzada inminente de las insurgencias en el país, el posicionamiento de la izquierda y sectores alternativos en los escenarios políticos; sin embargo, contrario a esta narrativa es claro que el propósito de las fuerzas paramilitares fue el de mantener y engrandecer la acumulación de poder en las regiones, se trató de un ejército privado para el despojo y el desplazamiento sistemático en todo el territorio nacional.
es claro que el propósito de las fuerzas paramilitares fue el de mantener y engrandecer la acumulación de poder en las regiones, se trató de un ejército privado para el despojo y el desplazamiento sistemático en todo el territorio nacional
Es decir, que, aunque los paramilitares se organizaran en bloques, con emblemas e incluso, con un grupo al mando de las acciones y decisiones, nunca fue su objetivo la transformación de la sociedad, sino, el de “garantizar”, complementar y suplementar o hacer el papel del Estado cuando este no está en condiciones de hacerlo. Los poderes regionales, políticos, empresarios, multinacionales y narcotraficantes concibieron y establecieron a las autodefensas como un instrumento coercitivo para profundizar la lucha de clases.
La financiación no solo desde las instituciones públicas, sino también de políticos, ganaderos, empresarios y narcotraficantes, convierten a las autodefensas en un actor para-institucional en la medida en que es afín a los objetivos del ordenamiento existente, además de profundizar la desigualdad social, política y el sistema centralista del Estado colombiano y este, de vuelta le dio garantías para existir, como fue el caso de las CONVIVIR, la parapolítica y después, todas las muy cuestionables formas y acuerdos para su desmovilización en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Todos estos vínculos con el Statu Quo hacen que los paras se comprometan con el auxilio de la organización institucional, y que posteriormente, este pudiera mutar hacia la consolidación y expansión de los carteles de narcotráfico en todo el territorio nacional.
Sí, creemos que los paramilitares era un grupo antisubversivo y anticomunista, y que su objetivo era en definitiva borrar todo ápice de oposición o movimiento político de izquierda, pero es más que claro, desde el contexto histórico, que solo fueron resultado de una política de Estado (la doctrina de seguridad nacional) y mundial (la contención de la expansión del comunismo), además de, una garantía por medio de su participación como actor de poder dentro de los territorios de mano de estructuras ilegales y de narcotráfico para crear condiciones que agudizaran la sistemática violación de derechos humanos, negaran garantías electorales y reforzaran asimismo el poder narco estatal en el país.
intentan mostrarnos o justificar a los paramilitares como ‘legítima defensa’, pero la realidad es que quienes auspiciaron y ayudaron a los paramilitares, impusieron a sangre y fuego una idea de Estado
Ahora, porqué es tan importante entender esto, pues porque con todo lo sucedido en el marco de las acusaciones al expresidente Álvaro Uribe Vélez, testimonios como el de Salvatore Mancuso, intentan mostrarnos o justificar a los paramilitares como ‘legítima defensa’, pero la realidad es que quienes auspiciaron y ayudaron a los paramilitares, impusieron a sangre y fuego una idea de Estado completamente opuesto a lo democrático, legítimo o garante de la vida y los derechos.
Quienes dan esa lectura y muestran la necesidad de esta ‘legítima defensa’ poco o nada señalan las autodefensas, no solo desarrollaron una política de violencia sistemática contra trabajadores, campesinos, maestros, dirigentes sindicales y políticos, líderes comunales; además de implementar unas formas de guerra fuera del Derecho Internacional Humanitario como atacar a civiles, población en estado de indefensión, masacres colectivas y magnicidios; incluso en muchos casos contaron con la participación de las fuerzas militares para mostrar resultados, o la financiación de narcotraficantes para garantizar rutas de comercio o territorios y control de estos escenarios; sino como también políticos tradicionales se mantuvieron en cargos de poder; en como el ámbito electoral se vio modificado por las dinámicas paramilitares en poderes regionales; y como multinacionales, junto con empresarios involucrados, se beneficiaron no solo económicamente, sino territorialmente.
El Estado colombiano propició las condiciones políticas para el surgimiento y consolidación de los grupos paramilitares, junto con la acción y la omisión de las acciones propias de las fuerzas militares, que contribuyeron a consolidar el proyecto paramilitar no solo con el propósito de atacar a la insurgencia, sino legitimar, estructurar y manejar un poder narco paramilitar regional y nacional.
Así que, si a los actores perpetradores y creadores de las formas de violencia en el país, no se les reconoce, judicializa e interpreta bajo su real dimensión social o política, ilegal o legal, el objetivo de alcanzar la paz total está más que diluido.
