Fin del servicio militar obligatorio: garantía de reconciliación y no repetición

by Edición 93 | Cristian Hurtado
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La relación del Estado con la juventud más desplegada a nivel territorial, comunicativo e institucional en Colombia es el servicio militar obligatorio (SMO). Es una paradoja en plena etapa de superación de la violencia como rasgo de la política y la solución de los conflictos que vive el país. Aún más en un contexto de crisis de la salida política que reclama acciones de paz del Estado. La eliminación del SMO es de las exigencias más vigentes del movimiento juvenil para construir paz con justicia social: sin desmilitarizar la vida juvenil la paz no será estable, ni duradera.

El servicio militar como experiencia, educa mediante la violencia, la uniformidad y subordinación de quienes se integran a la fuerza pública; violencia que valga señalar ha sido documentada en la formación militar al interior del ejército[1]. Alimenta una concepción patriarcal y deshumanizante hacia el sujeto social – a tal punto que los “reclutas” sean utilizados como carga muerta en pruebas de infraestructura[2] o exhibiciones militares. La formación militar en Colombia, bajo la doctrina del enemigo interno, es por naturaleza una pedagogía de la violencia que se expande con la obligatoriedad del SMO.

Alirio Uribe indica que entre 1993 y 2015, 402.209 jóvenes prestaron servicio militar; de estos 1.294 perdieron la vida y 7.552 tuvieron lesiones físicas y psicológicas de por vida. El 80% de estos jóvenes eran de estratos 1,2 y 3. Para este periodo 800.000 jóvenes estaban en condición de remisos (2016).

El Ministerio de Defensa en respuesta a derecho de petición del congresista Wilson Arias sobre los resultados de la ley de reclutamiento, y en especial sobre el proceso de objeción de conciencia reconocido como causal de exoneración en dicha ley, indica que en el periodo 2016 – 2019[3] se promedian 3.933.652 jóvenes entre los 18 y 26 años que deben definir situación militar. Se han reclutado 229.427 (5.8%) de una proyección de reclutamiento para estos años de 275.449 (7%). Es decir que, de 1993 a mayo de 2019, 631.636 jóvenes han prestado servicio militar en Colombia.

En 2017 se expide la Ley 1861 sobre reclutamiento. Dicha ley por presión de organizaciones antimilitaristas logra importantes avances: se reconoce la objeción como causal de exoneración; se excluyen los objetores de las reservas; se prohíben las batidas ilegales y se traza un procedimiento para el trámite de objeción. El informe de su primer año de aplicación arroja serias limitaciones: la ausencia de criterios técnicos y objetivos para evaluar las solicitudes de objeción; incumplimiento de los plazos definidos en los procedimientos para resolverlas y exclusión del Ministerio Público de las Comisiones Interdisciplinarias Territoriales que son los órganos decisorios las solicitudes; no todas las ciudades cuentan con dichas comisiones (ACOOC, JUSTAPAZ. 2018. Pp 29).

Durante la vigencia de la Ley, según el derecho de petición, hay 623 solicitudes de reconocimiento como objetores de conciencia; 456 han sido reconocidas (73.2%) y 157 negadas (26.8%). El porcentaje de solicitudes negadas es alto si se considera que se trata de la tensión de una obligación impuesta por el Estado ante los principios y convicciones del solicitante con la mencionada vaguedad de los criterios de evaluación.

El problema del SMO va más allá del reconocimiento a la objeción de conciencia pues esta se basa en principios religiosos, éticos, filosóficos, morales o políticos de un carácter profundo, fijo y sincero de quien objeta. No se trata de una “alternativa” al SMO sino de una decisión consciente e individual de objetar hacer parte de un cuerpo militar. Ese carácter individual de la objeción no interpela suficientemente el núcleo del militarismo en Colombia y la obligatoriedad del servicio militar como factor de riesgo para la juventud y la sociedad.

El militarismo es entendido como la tendencia a reducir la lógica social a la lógica militar, e incorporar en la primera, dinámicas verticales, jerarquías rígidas, subordinación plena a la autoridad, tendencia a la homogenización y la uniformidad mediante la violencia como herramienta “pedagógica” o normativa. Es una dimensión propia del régimen político colombiano, sintomática en su modelo educativo, cultural, la moral dominante y la cultura política; es una realidad que va más allá de la fuerza pública: la fuerza pública sin dejar de ser fuente de militarismo es a su vez expresión de este. Lógicas como la del enemigo interno en la doctrina militar, la relación amigo enemigo como esencia de lo político, y la eliminación del enemigo como propio de la política son componentes del militarismo. Sin atacar dicha enfermedad, superar la violencia política será cuando menos una tarea inconclusa.

Abordar el militarismo como problema de los tiempos de transición es urgente. Acá se propone abordar su superación como tarea colectiva del sujeto juvenil en clave de exigencias y compromisos: la eliminación del SMO representa un acto de reparación a la juventud y una garantía de no repetición. A la juventud le corresponde un papel central en la reconciliación entendida como la construcción de paz con justicia social.

La superación del SMO como parte de una agenda de no repetición y reparación:

No sólo en lo que se refiere a la afectación que miles de jóvenes vivieron producto de prestar el SMO; también hablamos de los jóvenes que por su condición de remisos vieron limitados sus proyectos de vida por las restricciones que deriva dicha condición y aquellos que fueron víctimas de la violencia, o que no tuvieron otra opción que ejercerla. Se trata de enmarcar la eliminación del SMO en una agenda hacia la superación de la concepción de enemigo interno de la doctrina, disposición territorial y operacional de la fuerza pública. Ello pasa por superar la idea de lo político como la relación amigo-enemigo; lógica en la que el objetivo de la política es la negación, incluso física, del “enemigo”.

La idea de la defensa de las instituciones y la soberanía nacional como sustento de la obligatoriedad del servicio militar refleja una concepción militarista del Estado. En especial la defensa de las instituciones privilegiando el uso de la fuerza en escenarios de conflicto que deriven en “riesgo” para las mismas. Esta premisa incorpora una concepción de la política y el conflicto vía SMO que es interiorizada en el proceso de prestación del servicio y posteriormente reforzada en otros entornos sociales.

En el marco una profesionalización de las Fuerzas Armadas que haga de su vinculación un asunto vocacional, el SMO es obsoleto. Eliminar el SMO permite distanciar a la juventud de contextos militarizados, lo cual disminuye la militarización de la vida social. Ello representa una garantía de no repetición al no promover y restringir los entornos militarizados, al mismo tiempo que es una medida de reparación hacia la juventud que ha representado la población mayoritaria de los actores armados en Colombia.

La superación del SMO como parte de una agenda de reconciliación:

La contribución al país de la juventud no debe canalizarse hacia la intervención violenta y militar de las conflictividades del país. En un contexto de transición la potencia juvenil es imprescindible para la continuidad de la solución política al conflicto armado. Tanto la implementación de lo acordado en La Habana, como la continuidad del diálogo con el ELN, la apertura de diálogos con el EPL y una salida dialogada ante “las nuevas FARC EP” dado el rearme y reagrupamiento[4] de varios excomandantes insurgentes, requieren esfuerzos y aportes de la juventud para evitar el retorno de la guerra. Antes que contextos militarizados para la socialización juvenil, el Estado debe promover escenarios y alternativas de paz, dialogo, derechos humanos y participación política.  

El servicio social para la paz como alternativa al SMO adquiere plena vigencia en un contexto que reclama gestos y voluntad política del Estado y los partidos políticos con la paz. Es una oportunidad de participación juvenil con la agenda de paz, su concreción, continuidad y profundización. Huelga decir que dicho servicio y los procesos de objetores son iniciativas que en muchos territorios están en curso y reclaman ser reconocidas como un genuino aporte juvenil a la reconciliación y el fin del conflicto armado. Como jóvenes que asumimos la paz como proyecto político objetamos la guerra, y nos disponemos a prestar servicio a la causa de un nuevo país en paz con justicia social.

[1] Morir por la patria. Revista Semana. 4 de agosto de 1985.

[2] Soldados fueron ‘conejillos de indias’ para probar un puente. Revista Semana. 2 de febrero de 2015.

[3] Datos a mayo de 2019.

[4] Por convicción el escenario del dialogo sigue siendo la única vía para superar el conflicto armado en Colombia. Además, se debe tomar en consideración que en la declaración del rearme de las nuevas FARC EP, se afirma la necesidad y disposición de establecer un escenario de diálogo y negociación. Dicho escenario es hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos como parte de la continuidad de la salida política al conflicto.

Fuentes:

Ministerio de Defensa. (2019). Respuesta Derecho de Petición MDM-DMSG.GAL.22. Bogotá.

ACOOC, JUSTAPAZ. (2018). Informe: La objeción de conciencia en el primer año de aplicación de la nueva ley de reclutamiento. Agosto 2107 – octubre 2018. Bogotá: edición digital.

Uribe, A. (2016). Ponencia para primer debate al Proyecto de ley n.º 101 de 2015 Cámara, por medio de la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización de las fuerzas militares y de policía y se dictan otras disposiciones, acumulado con el proyecto de ley n.º 154 de 2015 Cámara, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización. Bogotá: Imprenta Nacional.

Publicado el 11 de septiembre de 2019.

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Cristian Hurtado – Antropólogo de la nacho. Activista juvenil. @CristianHurtJR, cristianhurtados.mp@gmail.com