La lucha por el bien común: Reflexiones acerca de la crisis de la educación superior pública en Colombia

by Edición 74 | Forrest Hylton, Aaron Tauss y Juan Felipe Duque Agudelo
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 El 10 de octubre, con el apoyo de rectores, personal administrativo y profesores, los estudiantes de Colombia salieron a las calles en la mayoría de las ciudades principales para protestar por el desfinanciamiento del gobierno, revitalizando una sociedad y un sistema político altamente militarizado, autoritario y neoliberal. Ese mismo día, diferentes plataformas estudiantiles convocaron un paro indefinido en las 32 universidades públicas del país. En términos concretos, los estudiantes exigen $4.5 billones de pesos adicionales del gobierno de Iván Duque en el transcurso de diez años, duplicar el presupuesto de investigación, congelar las matrículas, refinanciar los préstamos estudiantiles a una tasa de interés del 0%, mantener la financiación para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y respetar el derecho a la protesta.

Junto con los profesores, los estudiantes afirman que las universidades públicas de Colombia tienen un déficit histórico de $15 billones de pesos en infraestructura y cerca de $3 billones de pesos para gastos operativos, mientras que las escuelas técnicas y vocacionales necesitan $1.5 billones de pesos adicionales. También reclaman el reconocimiento de la educación superior como un derecho universal e inalienable, más autonomía universitaria para estudiantes, profesores y administrativos y para la producción de conocimiento, que sea capaz de superar el legado de décadas de conflicto armado y reducir los niveles aberrantes de desigualdad social.

Reestructuración neoliberal de la educación superior

Colombia no ha visto protestas tan masivas en defensa de la educación superior pública desde 2011, cuando la lucha estudiantil impidió que el gobierno de Santos avanzara de forma inmediata en su agenda de privatización de las universidades públicas. Sin embargo, en 2014 — principalmente con la ayuda de la Universidad de los Andes—, el gobierno diseñó un programa de subsidio masivo para universidades privadas (“Ser Pilo Paga”), que hasta el momento ha llevado a un masivo éxodo de estudiantes de universidades públicas a las privadas.

Siete años después de las protestas del 2011, los problemas subyacentes del sistema de educación superior pública se han agravado. Mientras los costos universitarios han aumentado casi en un 10%, la financiación del gobierno ha disminuido en términos relativos. Entre 1993 y 2016 el número de los estudiantes de pregrado prácticamente se cuadruplicó. No obstante, el gasto estatal por estudiante se redujo a la mitad. Dado que la Constitución de 1991 garantiza la educación pública gratuita y de alta calidad como un derecho universal y fundamental, en las últimas décadas la misma se ha convertido cada vez más en una mercancía.

Desde los años 90, instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con sus posturas provenientes de la economía neoclásica, el neo-institucionalismo y la elección racional han guiado al gobierno colombiano en el diseño de las políticas educativas. En esta visión, las universidades privadas de élite cubrirían la demanda existente para la educación profesional de la clase media a través de créditos subsidiados, mientras que el SENA, junto con las universidades de garaje, proporcionarían programas de capacitación para la fuerza laboral empobrecida con el fin de aumentar la competitividad del sector empresarial. En el mejor de los casos, las universidades públicas tendrían un papel menor, lo que, en parte, explica por qué han sido marginadas por el gobierno en su diseño de políticas públicas y la asignación de créditos y subsidios a la demanda. La misma Constitución del 1991 establece que el Estado debería crear y regular el mercado entre universidades públicas y privadas. En esta dinámica, las universidades privadas son favorecidas mediante un sistema de acreditación basado en criterios de excelencia académica importados de los Estados Unidos, creando así la ficción de una meritocracia en una de las sociedades más desiguales de América Latina.

El desfinanciamiento de las universidades públicas colombianas fue parte del proceso de profundización del modelo de acumulación de capital militarista, extractivista y rentista, que surgió a fines de los años 70 y se consolidó en los 90. En 1992, como parte de la reestructuración neoliberal de la economía y las instituciones estatales, el gobierno de Gaviria congeló el presupuesto asignado a las universidades públicas, lo que las obligó a buscar recursos externos para garantizar su funcionamiento. Esta tarea se volvió cada vez más difícil en medio de la creciente inscripción de estudiantes y el aumento de los costos de investigación, infraestructura y personal docente y administrativo.

A mediados de la década, varias universidades públicas se vieron obligadas a cerrar, mientras que otras comenzaron a recortar las residencias estudiantiles y las cafeterías universitarias y a contratar cada vez más profesores ocasionales, quienes hoy en día constituyen la mayoría de los docentes, trabajando en condiciones precarias sin organización sindical. Este cambio radical en la educación se desarrolló en el contexto más amplio de cambios políticos y económicos que favorecieron la expansión de la minería, los hidrocarburos, la agro-industria, la propiedad raíz urbana y los servicios financieros en el Sur global, y el desarrollo de la tecnología y los derechos de propiedad intelectual en las universidades del Norte, subsidiados por los gobiernos y vinculados a empresas multinacionales.

Bajo la llamada "revolución educativa", lanzada por el presidente Uribe a principios de la década de 2000, las universidades públicas vieron triplicarse las cuotas estudiantiles, mientras que los recursos asignados se ajustaron solo por la inflación. Las reformas de Uribe fueron un claro reflejo del modelo emergente a nivel global de educación superior bajo el neoliberalismo, promovido por instituciones financieras internacionales en toda la región.

En 2005, el Instituto Colombiano de Crédito y Exterior (ICETEX) —una institución pública, fundada en la década de los 50 con el propósito de ofrecer créditos para el estudio en el exterior—, fue transformado en una entidad financiera especial, principalmente destinada a los estudiantes más pobres con créditos para cubrir la matrícula y las tarifas en las universidades privadas.

Actualmente el ICETEX obtiene préstamos no solo del gobierno colombiano, sino también de instituciones financieras internacionales. Los $467 millones de dólares que el Banco Mundial prestó recientemente al gobierno colombiano para reformar la educación superior, $411 millones se destinarán a convertir a ICETEX en el principal proveedor de subsidios para las universidades privadas, reemplazando los fondos que podrían haber sido destinados al presupuesto de las universidades públicas.

Bajo el gobierno de Santos, la situación financiera de las universidades públicas siguió deteriorándose sin cesar, con menos de la mitad de los presupuestos universitarios públicos cubiertos actualmente por el gobierno. Mientras que en el 2000, la contribución del gobierno a la educación superior pública alcanzó el 0,55% del PIB, desde 2015 esa cifra ha disminuido al 0,40%. El creciente déficit ha llevado a un proceso de "privatización informal".

Las universidades han intensificado sus búsquedas de recursos externos mediante la venta de consultorías, cursos de extensión orientados al mercado y programas de posgrado a precios de mercado y, cada vez más, al establecer convenios de investigación con grandes corporaciones. Además, los costos crecientes de las nuevas tecnologías de la información, los laboratorios, la capacitación profesional, la internacionalización y el mantenimiento de la infraestructura física y administrativa han empeorado el desequilibrio ya precario entre los recursos proporcionados por el gobierno y los gastos necesarios para garantizar estándares mínimos de calidad.

La resistencia crece

A finales de octubre, los rectores universitarios y el gobierno colombiano acordaron que las universidades públicas recibirían solo $1.2 billones de pesos adicionales en los próximos cuatro años, así como un 3% por encima de la inflación en 2019 y un 4% entre de 2020-2022, comparado con un promedio anual de entre 2010 y 2017 de 4.7%. Sin embargo, el acuerdo fue rechazado rotundamente por estudiantes y profesores. A principios de noviembre, una reunión con el Ministerio de Educación no llegó a ningún resultado. Desde entonces, el presidente Duque se ha negado a escuchar a los estudiantes.

Mientras tanto, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han manifestado su apoyo a los estudiantes, convocando grandes movilizaciones en protesta contra las políticas sociales y económicas del gobierno uribista, y dejando abierta la posibilidad de un paro nacional en diciembre. Junto con la CUT, los estudiantes están construyendo un "Frente Amplio para la Educación" para abordar los problemas existentes en el sector.

Esto evidencia que el movimiento estudiantil ha entendido la necesidad de construir una coalición amplia para oponerse a las medidas tributarias y fiscales anti-populares. Al defender la educación superior pública ha galvanizado el descontento en una amplia gama de sectores sociales. La lucha por la transformación del modelo neoliberal de la educación pública repercute más allá del movimiento estudiantil, lo que podría llevar tal vez a la construcción de una izquierda urbana amplia e independiente en este nuevo ciclo político.

Los esfuerzos del movimiento colombiano para impulsar la educación superior, y el país en su conjunto, en una dirección más democrática difícilmente podrían ser de mayor transcendencia, en vista del resurgimiento de la extrema derecha, tanto en la región como en el resto del mundo. Es de esperar que el movimiento estudiantil y popular colombiano encuentre sus pares en otros países, sujetos a la militarización y la criminalización de la protesta social en defensa del bien común, y en contra de gobiernos neoliberales y autoritarios.

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Forrest Hylton y Aaron Tauss (profesores) y Juan Felipe Duque Agudelo (estudiante), del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia-Medellín, agradecen a sus colegas y estudiantes en lucha.