La vida sobre el mercado: la apuesta económica de Gustavo Petro y la Colombia Humana

by Edición 53 | Diego Carrero Barón
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A menos de siete días para dar lugar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, un fenómeno con pocos antecedentes en nuestra historia republicana se presenta ante nuestros ojos; la fórmula de Gustavo Petro y Ángela María Robledo que lidera la apuesta programática denominada “Colombia Humana hacia una era de paz. 2018 – 2022” no solamente ha llenado plazas públicas a lo largo del territorio nacional, sino que además ha contagiado de esperanza a diversos sectores de la población que particularmente ven representados sus intereses en la voz y figura del exsenador y exalcalde de Bogotá.

Una multiplicidad de factores, tales como la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el incumplimiento por parte del Estado al mismo, un escenario de corrupción y desigualdad alarmante, una clase política cuestionada, una confianza en los medios de comunicación minada, el ejercicio de la alcaldía de Bogotá y la capacidad de Petro para leer y entender el país, han permitido que incluso ciudadanos de municipios de tradición conservadora y uribista, por iniciativa propia, estén haciendo parte activa de la campaña de la Colombia Humana.

Para enfrentar esta ola de esperanza los sectores del establecimiento han desarrollado una contracampaña tildando de castrochavista y populista la propuesta de Petro y Ángela M. Robledo. Para derrumbar este sofisma, a continuación presentamos algunos de los elementos centrales de la apuesta económica que se encuentra en el programa “Colombia Humana hacia una era de paz. 2018 – 2022”, y a partir de estos determinar el tipo de propuesta que se le presenta al país.

La Colombia Humana: Entre el Estructuralismo Latinoamericano y el Buen Vivir del Siglo XXI

En términos teóricos al analizar tanto el programa de Gobierno de la Colombia Humana, así como las intervenciones en plaza pública y las entrevistas ante medios de comunicación de Gustavo Petro, es posible encontrar elementos centrales de lo que ha sido la tradición latinoamericanista de la teoría de la dependencia, impulsada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), los planteamientos realizados por el neo-estructuralismo y neo-desarrollismo, tratando de dar respuesta a la ofensiva neoliberal de la de inicios de los 90, y finalmente aproximaciones a la apuesta del Buen Vivir, o Sumak Kawsai y Suma Qamaña de los pueblos andinos, y el concepto de “Bien Común de la Humanidad” desarrollado por François Houtart.

Así pues, a pesar de los debates que existen respecto al significado tanto del neo-estructuralismo y el neo-desarrollismo, es posible hablar de una visión económica con elementos propios de apuestas heterodoxas que se mueven entre el keynesianismo y el latinoamericanismo, y de confrontación al modelo neoliberal y sus consecuencias sobre la estructura productiva, el bienestar de los ciudadanos e impacto sobre los ecosistemas.

En términos generales existen cuatro elementos que sintetizan la apuesta de la Colombia Humana, y que permitirían el proceso de modernización de la economía nacional: i) Macroeconomía y finanzas para una Colombia Humana, ii) Cambio de la matriz productiva, iii) Sostenibilidad ambiental, y iv) Desarrollo social y equidad.

I. Macroeconomía y finanzas para una Colombia Humana

En la actualidad el tamaño del Estado colombiano gira alrededor del 27% del PIB, no obstante sus ingresos tributarios están alrededor del 19% del PIB, estando muy por debajo del promedio de América Latina, 22,8% según la CEPAL, y de los países de la OCDE que son del 34,3%. Dicha realidad fiscal impide tener un Estado que pueda afrontar los retos económicos y sociales de una economía moderna, y eso parece tenerlo muy claro la dupla Petro-Robledo,
Lejos de los planteamientos de candidatos como Duque y Vargas Lleras que sostienen la existencia de una carga tributaria alta para los inversionistas en el país, encontramos que mientras en los países de la OCDE graban la riqueza de los individuos en un 25%, para el caso colombiano ese porcentaje apenas alcanza el 3%, al tiempo que las exenciones tributarias son por lo menos 8% del PIB, unos 72 billones de pesos, y la tasa tributaria sobre el ingreso de los trabajadores es del 18,6%, todo un exabrupto en un país tan desigual.

En este sentido la propuesta de reforma tributaria estructural tiene todo el sentido, y es necesaria, ya que no solamente permitiría avanzar hacia una estructura tributaria progresiva que permita enfrentar la odiosa desigualdad que existe en el país, lo que amplía la capacidad de consumo de familias impulsando la demanda interna, sino que además dicha reforma tributaria garantizaría contar con los fondos para financiar la política social y el fomento productivo tanto en el campo como en la ciudades. De igual importancia será el desarrollo de una sostenibilidad fiscal basada en el gasto público transparente y eficiente para combatir la corrupción que cuesta al año 50 billones de pesos, más de 5% del PIB.

A todas luces estamos hablando de la posibilidad de ampliar en términos generales por lo menos en 8,5 puntos del PIB (76 billones de pesos) los ingresos fiscales del Estado.

II. Cambio de la matriz productiva

Uno de los énfasis de Petro en diferentes medios ha sido la necesidad de la transición y recomposición de la economía colombiana, lo cual tiene sentido si tenemos en cuenta que en la actualidad la nuestra es una economía financiarizada, es decir que la lógica de la acumulación de rentas financieras se superpone a los diferentes sectores de la economía y a los derechos sociales, y al tiempo es una economía reprimarizada como consecuencia de la extracción de recursos minero-energéticos que apenas genera 300.000 puestos de trabajo.

Aprovechando la vocación agrícola del país que cuenta con 20 millones de hectáreas aptas para esta actividad, pero apenas utiliza 4 millones, mediante el fortalecimiento de la agricultura, y la reindustrialización en sectores estratégicos, junto con el incremento de la inversión en ciencia y tecnología, la apuesta de la Colombia Humana es la de estimular los cambios tecnológicos que aunados con la gestión de la biodiversidad que posee el país permitan dinamizar la economía colombiana. De tener éxito en esta apuesta la economía colombiana podría al menos recuperar el crecimiento promedio anual del 5% que se alcanzó durante la el periodo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y que se perdió en los últimos 30 años de neoliberalismo, lo que permitiría gradualmente ir combatiendo el desempleo estructural que presenta el país, al tiempo que el proceso de reindustrialización no solo permitiría dinamizar el empleo, sino adicionalmente mejorar en términos de su formalización.

En esta apuesta existe la intención de diversificar la canasta exportadora, superando la dependencia de las materias primas y productos primarios con bajo valor agregado, al tiempo que se busca propiciar el ambiente institucional que favorezca y haga competitivos a pequeños y medianos productores.

III. Sostenibilidad ambiental

El cambio de la matriz productiva permitiría nuevas relaciones Humanidad-Naturaleza. La superación de la dependencia minero-energética, no solo permite la superación de la inestabilidad producto de los ciclos en los precios de las materias primas en los mercados internacionales, sino que además permite transformar estructuralmente la forma en que producimos.

En esta materia la superación del latifundio improductivo, potencializando el uso de uno de los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz como lo es el Fondo de Tierras, y los instrumentos que lo acompañan permitirá disminuir la huella de carbono producto de la ganadería extensiva.
Otras propuestas como el ordenamiento del territorio en torno al agua dejando de lado la segmentación entre políticas minero-energéticas y las relacionadas con los recursos hídricos y forestales, dando prioridad a la disponibilidad y la calidad del agua en las decisiones sobre la expansión minera y petrolera, y teniendo en cuenta los impactos y el resarcimiento de los daños causados por la actividad minera y de hidrocarburos, fortalecerán la apuesta de trasformación del patrón energético hacia energías limpias en un país que apenas tiene reservas petroleras hasta el año 2024, momento en que tendríamos que pasar a importar el crudo.

El cambio del patrón energético, la organización del territorio en torno al agua, la superación de una economía dependiente de las divisas producto de la exportación minero-petrolera se entrecruza a la idea de justicia climática para superar los desequilibrios sociales y económicos, promoviendo la eliminación de la segregación, y reduciendo las vulnerabilidades e inequidad de los territorios que deben enfrentar los desafíos del cambio climático mediante la redistribución de equipamientos, acceso a infraestructura y agua potable, saneamiento ambiental, así como la puesta en marcha de la revitalización de pueblos y municipios junto con la renovación urbana.

IV. Desarrollo social y equidad

En la actualidad los ingresos del trabajo asalariado en Colombia no superan el 36% del PIB, la tasa de subempleo llega al 48% de los trabajadores, al tiempo que el 1% de la población más rica concentra año a año el 20% de la riqueza que va produciendo todo el país, haciendo de nuestra nación hoy la tercera más desigual del planeta.

Para superar esta realidad la propuesta de Gustavo Petro y Ángela María Robledo al tiempo que se apalanca de la convergencia hacia una matriz productiva sostenible ambientalmente, pretende combinar dos estrategias: a) El trabajo como generador de riqueza y b) Una política social que convierte al ciudadano en sujeto de derechos.

a) El trabajo como generador de riqueza
El trabajo es la fuente de la riqueza de la sociedad. Esta es la premisa sobre la que parte la economía política clásica, y en este sentido la apuesta de la Colombia Humana es la de poner el trabajo como la base para el buen vivir de los colombianos; en este plano la transformación del modelo económico se da en el contexto de la generación de trabajo decente en condiciones dignas de remuneración, estabilidad, seguridad social y calidad de vida a nivel nacional. Para ello se pretende la formalización diversificada del trabajo y la cualificación laboral y empresarial, que permita a la población depender menos de los subsidios para escapar de la llamada trampa de la pobreza.

A todas luces esta medida implicará eliminar los procesos de flexibilización y precarización del trabajo impulsado sin excepción desde el gobierno de Cesar Gaviria y profundizado por Álvaro Uribe.

b) Política social para una ciudadanía de derechos
La reestructuración fiscal del Estado colombiano, de sus finanzas públicas, se da en la vía de garantizar derechos sociales. En esta materia se pretende conducir a la universalización del acceso a educación y el sistema general de seguridad social para garantizar la vida digna en Colombia.
Para esto se pretende impulsar la necesaria reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, que hoy tan solo representa recursos a los entes territoriales del 3,8% PIB, menos que lo que se paga por concepto de deuda pública. Para incluir las mejoras en calidad y mayores coberturas en educación preescolar y superior se busca simplificar el proceso de asignación de recursos para proyectos financiados con regalías que permitan mejorar la infraestructura social y de ciencia tecnología.

La promoción de la gratuidad de la educación intentará la permanencia desde la primera infancia hasta el nivel superior con programas de alimentación, transporte escolar y apoyo económico limitando la intermediación privada en la educación pública.

En el caso de la salud se hace caso al llamado de la sociedad colombiana encaminado a eliminar su mercantilización, eliminando la intermediación administrativa financiera mediante la liquidación gradual las EPS y las ARL mientras se pone en marcha el Sistema Único de Salud Público, descentralizado, bajo el gobierno de un consejo nacional de salud y de consejos territoriales que incluirán a los pueblos y comunidades étnicas y el Fondo Único de Salud que estaría a cargo del recaudo, la administración, el pago y el control de los recursos.

En materia de pensiones, en un país donde el 75% de las personas en edad de jubilación, no tienen ingreso pensional, se busca impulsar una reforma pensional sobre la base de la universalidad, equidad y sostenibilidad fiscal en la garantía de derechos a toda la población adulta del país que les permita una vida digna, combinando el régimen de prima media y el de capitalización individual.

Para garantizar esto se impulsará una Administradora Pública de Fondos de Pensiones que administre los aportes para la pensión y que compita de manera en igualdad de condiciones con los fondos privados buscando asegurar mejores beneficios para toda la población. No obstante, a pesar de la existencia de los fondos privados de pensiones, la existencia de una pensión contributiva básica y obligatoria se traduciría en que toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, tendrían que cotizar de manera obligatoria a Colpensiones una base sobre un monto de uno a cuatro salarios mínimos bajo el régimen de prima media para asegurar una pensión básica.

A manera de conclusión es posible indicar que la apuesta en términos económicos de la llamada Colombia Humana, lejos de ser irresponsable en términos macroeconómicos, o insostenible fiscalmente como se ha querido tachar a través de los grandes medios de comunicación, es una apuesta que en términos teóricos se circunscribe en el pensamiento latinoamericano y la heterodoxia económica, pretendiendo acercar al país a políticas que con éxito se han realizado en otros naciones de la región e incluso de la OCDE. Estamos ante una apuesta que sitúa la economía en función del bienestar social, que entiende que democracia es ejercicio de una ciudadanía de derechos, y que pone a la vida sobre el mercado.

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Por: Diego Carrero Barón @diegocarrerob | Amigo de la casa Hekatombe | Economista, Magister en Estudios Políticos. Docente de Política Económica y Macroeconomía en la Universidad Externado de Colombia y la Escuela Superior de Administración Pública. Investigador en planeación urbano-regional en el Centro de Estudios Territorio y Ciudad.